LOS JUECES NO SON INTOCABLES

Normalmente una convocatoria de huelga se utiliza como último instrumento cuando se han agotado otras vías posibles de solución de un conflicto. El diálogo es un recurso imprescindible previo a la programación de cualquier paro, y se hace aún más necesario cuando éste puede afectar directamente al correcto desarrollo de un servicio o la garantía de un derecho de la ciudadanía.

Sin embargo, en contra de estas premisas algunas asociaciones de jueces han prescindido de la vía del diálogo para llamar directamente a la huelga, que en este caso está fuera de toda lógica en el seno de un Estado de Derecho como el nuestro.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que los jueces son poder del Estado y por tanto no pueden ejercer el derecho a la huelga. El sinsentido que plantea este tema nos lleva a imaginar algo en sí mismo inimaginable; por ejemplo, que otro poder del Estado, como es el Ejecutivo, es decir, el presidente del Gobierno y los ministros, decidieran ponerse en huelga.

No tiene ningún sentido que un poder del Estado vaya a la huelga, por lo que sólo cabe reclamar más seriedad a las asociaciones de jueces y, en general, a quienes tienen en sus manos la administración de la Justicia.

Los jueces, al igual que los parlamentarios y el poder ejecutivo, están sujetos a la responsabilidad y al control. No hay un poder sin responsabilidad, de manera que nadie es intocable.

Esta situación planteada por el poder judicial en nuestro país se da, por otra parte, cuando se están produciendo una serie de actuaciones puestas en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Me refiero a la creación de un importantísimo número de plazas judiciales. De hecho, una cuarta parte de las que dispone nuestro sistema en estos momentos han sido creadas bajo mandato de Zapatero. Se está haciendo un esfuerzo importante en medios personales y en presupuestos. Para este año la previsión es de crear 150 plazas más de jueces y 100 más de fiscales.

Por otro lado, una de las reivindicaciones de los jueces tiene que ver con el incremento de sus retribuciones. Esta demanda, en una época de crisis como la que estamos atravesando, no tiene ningún sentido.

Además de que el presidente del Gobierno mantiene su compromiso de continuar mejorando la situación, las reivindaciones de los jueces se estudian ya en sede parlamentaria. No obstante, debemos dejar claro que no estamos sujetos a la presión de ningún lobby, que es el papel que parecen haber adoptado las asociaciones. El Congreso representa a todos los ciudadanos y ciudadanas y no responderá a presiones de ningún tipo.

Insisto en que el diálogo es fundamental, especialmente cuando tiene que ver con servicios a los ciudadanos y ciudadanas, cuando está al alcance de servidores públicos, cuando debe darse entre poderes del Estado. El Gobierno es consciente de la importancia del diálogo y no va a abandonar nunca su predisposición a él.