La libertad de expresión es un derecho constitucional

La libertad de expresión no hace daño a los demócratas. El proceso judicial contra el juez Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo, que hay que respetar, puede y debe estar sometido a la crítica, que no es más que una consecuencia de la libertad de expresión, derecho irrenunciable del pueblo. La libertad de expresión es un derecho reconocible en las democracias más consolidadas y todos los poderes públicos tienes que estar sometidos a ella, sin excepciones: no puede haber ámbitos de impunidad, instituciones que no puedan ser puestas bajo la lupa de la crítica. Sólo hay dos límites: la calumnia y la injuria.

Durante cuatro décadas, esa libertad fundamental no fue posible porque nos la negaron aquellos que hoy promueven la causa contra el juez Garzón. Sería cínico que quienes mantuvieron amordazada a la sociedad española durante tanto tiempo crean que aún hoy, en democracia, se pueda negar ese derecho. Respeto a las instituciones y ejercicio de la libertad de expresión son compatibles y deberíamos preocuparnos de aquellos que consideran que no lo es en algunos supuestos.

La corrupción y el estado democrático

Ya hace varios meses que un caso de corrupción copa prácticamente a diario las páginas de los periódicos. El caso Gürtel lleva camino de convertirse en uno de los escándalos políticos más sonados de la democracia española y el Partido Popular tiene la responsabilidad de cortar por lo sano todas esas malas hierbas que han crecido en su seno.

Esa es la responsabilidad de un partido político que, no olvidemos, ha gobernado este país y que, precisamente durante esos años de gobierno, es cuando la trama de los Correa, Crespo y compañía estaba en su máximo apogeo. El PP tiene que eliminar de raíz a todos sus corruptos, que son muchos, y, si finalmente se demostrara que estamos ante un caso de financiación ilegal de un partido político, asumir las correspondientes responsabilidades. Porque no olvidemos que la corrupción política ataca directamente al corazón del estado democrático: la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Hay que proteger la democracia y que los españoles y españolas estén siempre seguros de que el dinero público es para el bienestar de nuestro país, y no para que unos pocos se llenen los bolsillos.