lunes, 15 de octubre de 2012

No es la crisis, ¡es el Gobierno!

    Estamos mucho peor que hace un año. Los remedios de los gobiernos de la derecha, limitados a reducir el déficit pagando la deuda de quienes con usura invirtieron en el boom inmobiliario, transfiriendo rentas de las clases medias a los bancos aligerados de capital por el método de la codicia, no son recetas económicas sino opciones políticas. Sin crecimiento, sin aumento del PIB, no es posible reducir el déficit, a no ser que se busque conscientemente el objetivo de una sociedad desestructurada, débil, individualista y, por ello, fácilmente controlable.
     Y a esa opción política que está llevando a unas diferencias sociales inimaginables hace unos años, responden los nuevos Presupuestos para el 2013 presentados en el Congreso por el Gobierno. Un ejemplo son los recortes en las partidas dedicadas a la Educación y los cambios legislativos anunciados que nos retrotraen a los años previos a la democracia, con una escuela pública sin dinero, sin innovación, sin becas y con controles que discriminan a los estudiantes de familias menos pudientes.
   Estos Presupuestos tambien incumplen la inversión real a que obliga el Estatuto de Autonomía de Andalucía (17,8%, similar al de su población con respecto al total de la población española), a pesar de que Andalucía está cumpliendo su compromiso con el objetivo de consolidación fiscal y su ratio deuda/PIB es muy inferior a la de muchas Comunidades Autónomas gobernadas por el PP.  Y así, mientras la deuda andaluza es del 10,7%, la Comunidad Valenciana está por encima del 20%, Castilla-La Mancha por encima del 18%, Baleares por encima del 17%, e, incluso, Galicia por encima del 13,5,  sin contar los 400 millones de euros escondidos, al parecer, por la actual responsable de Presupuestos del Ministerios de Hacienda....
    A pesar de ello Andalucía tendrá casi 300 millones de euros menos de los que legalmente le corresponden y con los que podría paliar las consecuencias catastróficas de las inundaciones en Málaga, Granada y Almeria, o compensar la falta de planes de empleo para Andalucía que reduzcan el paro, su mal más endémico.
     Un Gobierno sin una auténtica dirección que sigue creyendo que tenemos un problema de gasto, cuando lo que necesitamos es aumentar nuestros ingresos a través del crecimiento, el empleo y el consumo.
    Le falta lealtad constitucional a este Gobierno (no respeta a las Comunidades Autónomas), le falta sensibilidad y solidaridad con quien más lo necesita (reducen políticas sociales, dependencia, etc), le falta objetivos a medio y largo plazo (reduce la inversión real y la destinada a I+D+i), le falta cordura democrática ( intentos legislativos por reducir los derechos constitucionales de los ciudadanos) y le sobra prepotencia, lo que le incapacita para el diálogo y el acuerdo, tan necesarios en estos momentos.
    No es la crisis, ¡es el Gobierno!

miércoles, 18 de julio de 2012

Nos arruinan, se enriquecen

Las decisiones que el actual Gobierno está adoptando son básicamente políticas: no deberíamos caer en el engaño. Son decisiones consecuentes con una ideología profundamente conservadora, que le lleva a una actitud servil con los más poderosos a quienes, se diría, únicamente representan.

Amparados en la crisis y con la justificación propagandística de una herencia que no es tal, este Gobierno ha aumentado los impuestos directos a las clases medias y los indirectos a todos; ha congelado el salario mínimo; ha reducido el salario de los funcionarios en más del 7% (que es lo que significa la exclusión de la llamada paga extra de Navidad); ha reducido las aportaciones a la sanidad y a la educación públicas, disminuyendo la calidad de ambos servicios e impulsando la privatización de ambos derechos; ha eleminado la ayuda a la dependencia; ha impuesto el copago farmaceútico, dañando gravemente la economía ya precaria de los mayores; ha estrangulado la economía de las Comunidades Autónomas; ha facilitado el despido a los bancos y a las grandes empresas con una reforma laboral injusta y antisocial que desequilibra gravemente el ámbito laboral; ha reducido las prestaciones de desempleo y ha condenando a muchos españoles a la indigencia; ha aumentado el desempleo en estos primeros meses gobernando tanto como aumentó en todo el año 2011; hoy pagamos el doble de interés (prima de riesgo) que hace un año por el dinero que pedimos....

En fin, este Gobierno inyecta al menos 65.000 millones de euros en el sistema bancario, con garantía de todos, y le quita ese misma cantidad a funcionarios, estudiantes, parados, enfermos, dependientes, jubilados, autónomos, trabajadores y comunidades autónomas.

Se está cumpliendo el sueño de la derecha, seguramente, más reaccionaria de Europa: privatización de los derechos y servicios sociales, apoyo a grandes empresas y bancos y reducción de las competencias autonómicas.

Es evidente que la mayoría de votantes del PP y muchos de sus militantentes están sorprendidos, asustados y se consideran víctimas también de esta política. No es a ellos a quienes critico, aunque deberían mantener en la memoria lo que ocurre. Y, sobre todo, evitar que la propaganda haga más ancha la herida. No en vano, el Gobierno se ha apresurado a controlar férreamente los medios de comunicación públicos y privados e intenta el control de los órganos constitucionales, lo que persigue la aceptación de las medidas injustas como necesarias y el sometimiento ideológico de la mayoría de la población.

Y cada vez menos derechos y cada vez más paro y más diferencia entre los que más tienen y los que más necesitan. Nunca se gobernó tan mal en tan poco tiempo, ni se produjo tanto daño a tanta gente de manera tan injusta. Nunca estuvo tan en peligro el sistema democrático que nos hemos dado. Nunca fue tan evidente que el objetivo de este Gobierno es romper el acuerdo constitucional que conseguimos entre todos los españoles, queriendo imponer una segunda transición profundamente conservadora y dirigida a satisfacer las capas sociales más privilegiadas.

No es el déficit -hay otras vías para reducirlo-, no es la crisis -se sale impulsando politicas de crecimiento-. Es el Gobierno. Este Gobierno.

miércoles, 30 de mayo de 2012

Unos presupuestos antisociales

Seguramente los Presupuestos del 2012 son los más antisociales desde la época de la llamada Transición Democrática. Amparándose en la crisis, que tan buen rédito dio al PP, el Gobierno ha recortado derechos que habiendo sido conquistados con gran esfuerzo por el pueblo español, guiados por Gobiernos progresistas, formaban parte de su propia identidad y de la mejor imagen de España.

Forma parte de nuestro capital social el derecho universal a la salud, de manera que reducirlo es romper el principio básico de solidaridad; el derecho a una educación pública y de calidad, que se destruye al tiempo que los mejores logros por la igualdad conseguidos en los últimos años. Han desaparecido, en gran medida, las ayudas a la dependencia y, con ello, un nuevo pilar del estado de bienestar que es medida de la sensibilidad de un pueblo.

Y estos presupuestos, además, son anti andaluces. Andalucía tiene derecho por Estatuto a recibir el 17,8 por ciento de inversión pública, al ser este el porcentaje de la población andaluza con referencia al total de la población española. Sin embargo, las cuentas del Estado solo transfieren a Andalucía el 14,6 por ciento de la inversión total; es decir 497 millones de euros de diferencia, que son de los andaluces, que necesitamos más que nunca, y que, a pesar que hemos reivindicado con las enmiendas correspondientes, el PP ha rechazado en los debates parlamentarios.

Es muy difícil entender que quien también representa al pueblo andaluz ( Arenas, el PP de Andalucía) y ha tenido tanto interés en gobernarlo, rechace sus derechos estatutarios. De manera que cada vez se extiende con más fuerza la sensación no solo de engaño de quien nos gobierna, sino del intento de construir una nueva ordenación social a través de un cambio profundamente reaccionario, en el que los derechos se convierten en negocios mediante su privatización.

jueves, 15 de marzo de 2012

El PP no cree en las Autonomías ni en los servicios que prestan

Las Autonomías son las responsables de garantizar los Servicios Publicos más importantes: la educación, la sanidad, la dependencia y los servicios sociales. El sesenta por ciento del gasto social lo realizan las Comunidades Autónomas, y se les pide un esfuerzo para reducir el déficit que no es razonable.
Estando de acuerdo en la estabilidad presupuestaria, Andalucia, a la que todavia el Gobierno le debe más de 1300 millones de euros por obligaciones derivadas de la inversón no realizada en los años 2009 y 2010, no está de acuerdo con el reparto ni con el esfuerzo a corto plazo que se reclama.
Para los andaluces estos servicios públicos son derechos que promovieron las politicas socialdemócratas de los gobiernos socialistas, y su preocupación es que estos derechos estén amenazados por el actual Gobierno cuya obligación es garantizarlos. No se entiende de otra manera las afirmaciones que el Sr. De Guindos realizó en una entrevista en el Finantial Times el 5 de enero de 2012: "Las dificultades de liquidez son una auténtica oportunidad para imponer duras condiciones y medidas para reducir el deficit de las CCAA".
Este ataque a las CCAA por parte de un miembro del Gobierno busca vaciar de contenido el Estado Autonómico y degradar los servicios públicos que prestan las Autonomías, convirtiendo los derechos a la salud, educación y dependencia en una simple mercancía.
El Presidente del Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto al Presidente del Gobierno un gran debate nacional que tenga como objetivo garantizar estos derechos sociales. Es decir diálogo y debate y consenso que no ha tenido respuesta del Gobierno.
Nuestro compromiso más firme está en defender el derecho a la salud, a la educación, el derecho a la dependencia: lo consideramos esencial dentro de la concepción ética que tenemos de la representación popular.
Nuestro

miércoles, 8 de febrero de 2012

Un partido unido y fuerte

Este pasado fin de semana, los socialistas y las socialistas hemos dado un ejemplo de democracia al debatir y votar, en nuestro 38 Congreso, las líneas maestras de lo que será nuestra actuación política en los próximos cuatro años. También hemos elegido a las personas que dirigirán al PSOE y que le conducirán, seguro, a volver a conectar con los ciudadanos y ciudadanos.

Alfredo Pérez Rubalcaba representa uno de los máximos ejemplos de servicio a su partido y a su país. Una vez elegido en un proceso en el que participaron los casi 1000 delegados presentes en Sevilla para encabezar la dirección del partido, todos estamos al lado de Alfredo en la tarea de reforzar las ideas y los valores que siempre ha representado nuestro partido. Entre esos valores, quiero destacar algunos que citó el nuevo secretario general del PSOE: unidad, ilusión y fortaleza. Tenemos que ser un partido unido para ofrecer a los españoles y las españolas una alternativa a las duras políticas neoliberales; tenemos que ser un partido que genere ilusión, que traslade esperanza a los que más están sufriendo esta crisis y las recetas que nos quieren imponer para combatirla; por último, tenemos que ser un partido fuerte porque desde la fortaleza es desde donde vamos a construir una alternativa creíble que vuelva a convencer a la mayoría de los españoles y españolas, comenzando por los andaluces y andaluzas el próximo 25 de marzo.

martes, 17 de enero de 2012

Javier Arenas, el insumiso

El líder del Partido Popular en Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Javier Arenas, ha decidido que eso de cumplir la ley no va con él. El Parlamento de Andalucía aprobó hace ya bastantes meses la ley que impide a los parlamentarios andaluces ejercer como alcaldes. La explicación es clara y lógica: Andalucía necesita de representantes que se centren completamente en su tarea, que no es otra que mejorar la vida de los andaluces y de las andaluzas.

Pues bien, Javier Arenas, el mismo que pretende gobernar esta comunidad autónoma, ha decidido que como la ley no le gusta, se la salta, poniendo en entredicho el compromiso de cualquier fuerza política democrática con la legalidad. La causa de esta insumisión a una ley aprobada por la mayoría del Parlamento de Andalucía es clara: el Partido Popular no tiene quien le represente, no tiene banquillo, y tiene que tirar de alcaldes y alcaldesas. El problema, que afecta directamente al ciudadano, es que si centrándose solo en sus alcaldías no son capaces de gestionar el municipio en estos momentos de crisis, ¿cómo van a hacerlo teniendo que ir cada dos semanas al parlamento? ¿O es que no piensan aparecer por los plenos de la cámara andaluza, al estilo del alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, o del de Córdoba, José Antonio Nieto, o, incluso, del alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya?

Pero hay que recalcar que lo que es tremendamente grave es saltarse la ley y eso es lo que hace Javier Arenas y, además, haciendo gala de ello. Si el candidato del PP en Andalucía no respeta la ley está abriendo la puerta a que cualquier ciudadano se la salte cuando lo crea conveniente. Por ejemplo, no pagando el aumento de IRPF que ha impuesto su partido desde el Gobierno central. ¿O es que Arenas cree que está por encima del ciudadano de a pie y puede saltarse la ley cuando le venga en gana mientras los demás tienen la obligación de cumplirla? ¿Qué sería de la democracia si sólo cumpliéramos las leyes que nos gustan?

Quizá la clave esté ahí, en esa manera antigua, pícara, irresponsable de comportarse dentro de la sociedad, en la que el más listo es aquel que hace trampas para no pagar o para no cumplir con sus obligaciones como ciudadano. Esa es la Andalucía que quiere Javier Arenas.