Seguridad para ser libres

    Los derechos necesitan de la seguridad para su ejercicio. La seguridad, en un país democrático, no es un objetivo en sí mismo, sino un instrumento, un medio, que garantiza la paz, la no violencia, para la práctica de las libertades públicas, o permite su reivindicación.
    A gran parte de la derecha política de nuestro país le cuesta entender que  las libertades públicas no son concesiones graciosas del poder, sino derechos consustanciales con la condición humana. Los derechos son el regalo constitucional que los españoles reciben al nacer en un país democrático. Hurtar su uso desde el Gobierno es, sencillamente, anticonstitucional, antidemocrático.
    La noticia de la aprobación por el Consejo de Ministros de un anteproyecto de ley que conculca claramente la práctica de los derechos de reunión y manifestación pacífica, así como el derecho a expresarse con libertad, remueve en la memoria de muchos españoles los peores recuerdos. No es exagerada la comparación si recordamos que con esta iniciativa del Gobierno, acciones como, por ejemplo, paralizar un desahucio, concentrarse ante la sede del PP, "ofender" a España, realizar escraches a miembros del Gobierno o protestar, sin violencia, ante instituciones, puede conllevar multas de hasta 30.000 euros; o, si se quiere, el salario de dos años de millones de españoles.
     Si añadimos que recurrir estas multas puede costar hasta 2750 euros en tasas judiciales, que se anuncia una ley de huelga, o se mantienen las cuchillas en las fronteras de Ceuta y Melina,  se entiende mejor la profunda preocupación de los demócratas españoles compartida por la UE o el periódico The Guardian que afirmó hace unos días: "La ley de seguridad ciudadana limitará la democracia en España".
     La gravedad de esta involución practicada por el Gobierno del PP ha llevado al PSOE a exigir la retirada del anteproyecto de ley de seguridad ciudadana, a denunciar los intentos de reducir drásticamente los derechos esenciales contemplados en la Constitución y a garantizar su recuperación derogando estas iniciativas si los españoles nos dan su confianza para gobernar.

MENOS AYUNTAMIENTOS, MENOS DEMOCRACIA

    El Gobierno ha remitido al Congreso el proyecto de ley que modifica sustancialmente las competencias y estructura de los Ayuntamientos democráticos. Siguiendo con su medida estrategia de legislar a favor de unos pocos aunque sus consecuencias dañen a la mayoría, despoja de competencias a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes (en Huelva mas del 90 por ciento del total de sus municipios) que entrega a las Diputaciones para que sea esta quien preste servicios públicos tales como: abastecimiento de agua; recogida de basuras; limpieza viaria; acceso a los nucleos de población; pavimentación de las vias urbanas y tratamiento de residuos. Es decir, todos aquellos servicios tan necesarios para los vecinos como atractivos para la empresa privada que los prestarian a precio de mercado si la Diputación no tiene capacidad para hacerlo.
     Por lo tanto la ley no busca solucionar ni responder siquiera a los retos que tienen planteados los municipios hoy dia, que son fundamentalmente de organización y de financiación de los servicios que prestan; más bien se aprovecha de la crisis para poner en bandeja a las grandes empresas el sustancioso negocio de poner en sus manos, y prestar mediante precio, servicios básicos para los vecinos. Buen ejemplo de las posibles consecuencias de esta ley lo tenemos en el aumento desorbitado de tasas en el servicio del agua llevados a cabo por las empresas adjudicatarias de  las privatizaciones de este servicio realizadas por Ayuntamientos del PP en nuestra provincia y, de manera destacada el de la capital.
     Por supuesto, si los municipios y las personas elegidas mediante votación popular que son quienes deciden como se presta el servicio, no lo hacen, ¿para qué son elegidos? A través de una ley que todos los Grupos Parlamentarios e incluso el dictamen del Consejo de Estado rechazan, se reduce la democracia local tan necesaria y tan consolidada entre nuestros vecinos. Si, como dice el Consejo de Estado en su informe, esta ley no justifica el ahorro que pretende producir por los cambios de estrtuctura, y tampoco se acredita que la prestación de los servicios por la Diputación Provincial se haga con menor coste, cabe preguntarse el porque de este cambio. La respuesta es sencilla: convertir en negocio servicios básicos del municipio, siguiendo el camino emprendido con el copago sanitario, la privatización de la sanidad, etc
    El PSOE se opone a esta ley de manera rotunda y solicita que se haga otra acordada por todos donde se haga una delimitación clara de las competencias y financiación necesaria para prestar los servicios a los ciudadanos; y una estructura y modelo de organización acorde con el siglo XXI capaz de gestionar con eficacia.

Rajoy expolia a los pensionistas

       Este Gobierno ha decidido hacer más pobres a los ciudadanos que no pueden mejorar sus ingresos: los Pensionistas. Por primera vez -saltándose las recomendaciones del Pacto de Toledo avalado por todos los Grupos Parlamentarios y que exige el acuerdo de todos ellos en la reforma de pensiones- el Gobierno de Rajoy HA DECIDIDO DEVALUAR LAS PENSIONES CADA AÑO a los Pensionistas que las cobran y a los que las cobren en el futuro.
       Con la fórmula trilera de aumentar las pensiones un 0,25 al año -y así presumir de que no las congelan- en lugar de subirlas de acuerdo con el aumento anual de los precios (IPC), buscan ahorrar alrededor de 33.000 millones de euros entre los años 2014 al 2022, y detraer de los derechos y del bolsillo de los más necesitados, prácticamente los 37.000 millones de euros que este Gobierno regaló a la Banca y ahora, eufemísticamente, da por perdidos.
       Un ejemplo de la pérdida de poder adquisitivo a que aboca el PP a los Pensionistas de Huelva: calculando una pensión media de 750 euros mensuales, aumentarlas en un 0,25 significa añadir 1,87 euros mensuales. Aceptando unas previsiones realistas de aumento del 3% del IPC, el incremento de la pensión debería ser de 22,5 euros; si a esta cantidad, a la que el mayor tiene derecho por ley, le restamos los 1,87 euros, tendremos la cantidad expoliada: 20,63 euros al mes, 288,82 euros al año. La fórmula del Gobierno del PP, producirá a los Pensionistas de Huelva LA PERDIDA DEL 30% DEL VALOR ADQUISITIVO DE SU PENSIÓN al menos, en los próximos diez años.
       El PSOE va enfrentarse frontalmente a este ataque miserable a los Pensionistas de nuestro país y recuerda que es preciso cambiar la política de recortes por otra que estimule el crecimiento, aumente de esta forma el empleo, su capacidad de consumo y repercuta en el incremento de los ingresos. Hay que utilizar las dotaciones del Fondo de Reserva que el Gobierno socialista incrementó hasta una cuantía de 60.000 millones de euros y mantener la reforma en vigor aprobada en 2011 que permite la sostenibilidad del sistema de pensiones sin necesidad de disminuir su cuantía.
     Es decir, nos enfrentaremos con todas nuestras fuerzas al irritante proyecto del PP que subyace en esta medida, y que no es otro que ayudar a la banca a ampliar su negocio de fondos de pensiones en detrimento de la pensión pública.

UN PUERTO ENTRE LOS GRANDES DE EUROPA

Hace unos dias los onubenses conocieron la noticia de la inclusión del Puerto de Huelva en la actual revisión de la Red Básica de Corredores de la Unión Europea. Algunos políticos, previamente advertidos, salieron raudos a los medios de comunicación a poner en valor lo que desconocían y eran incapaces de explicar excitados por sacar rédito a información tan positiva. Es hora, por lo tanto, de ayudar a la Presidenta del Puerto de Huelva, auténtica promotora y al Presidente de la Diputación, impulsor, a difundir los datos que avalan a nuestro Puerto para convertirse en uno de los mayores de Europa y motor de nuestro crecimiento económico si todos, todos, empujamos en la misma dirección.

El Puerto de Huelva es el más grande en extensión del Reino de España (1.700 hectareas), el sexto en tráfico (28,6 millones de toneladas movidas en 2012),  está dentro de los 25 puertos más grandes por tráfico de la Unión Europea, y mueve más del 1% de los graneles (sólidos y líquidos) de la UE.

El Puerto de Huelva, es el puerto marítimo de Sevilla, ciudad MEGA y su conexión marítima necesaria. Huelva, pues, cuenta con el Puerto Atlántico del Sur de Europa por excelencia (por sus inmediaciones pasan más de 100.000 barcos al año). Su magnífica ubicación le permite atender los tráficos de Africa (especialmente Occidental), América (especialmente Latinoamérica, pero tambien Norteamérica) y Europa (especialmente del sur).

Todo lo anterior hacen del Puerto de Huelva un gran candidato a incorporarse a diferentes Autopistas del Mar con el Norte de Europa, el Arco Atlático Europeo y con Marruecos, además de un gran potencial  para entrar en el negocio de cruceros. Y de manera destacada, convierte al Puerto de Huelva en el puerto de referencia para la zona del Algarve Portugués.

Entrar en la Red Básica de Corredores de la Unión Europea, puede significar, en palabras de la Presidenta del Puerto de Huelva, un incremento del PIB provincial por encima de los 600 millones de euros, además de la creacción de cientos de puestos de trabajo.

Es momento de alegrarse sí, pero también y sobre todo, de agradecer a quienes lo han hecho posible: los presidentes socialistas que el Puerto ha tenido, Genaro García Arreciado, José Antonio Marín Rite, José Cejudo y, singularmente, Manuela de Paz, auténtico motor del proyecto. Todos ellos deben sentirse orgullosos por su contribución al bienestar de los onubeneses. Como debe sentirse orgulloso el Presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, que hizo suya e impulsó la iniciativa,  consciente de su importancia para la provincia.

Solo queda la votación en el Congreso de los Dìputados para que la iniciativa del Grupo Socialista refleje la unanimidad que nos hará más fuertes en Europa. Y queda el deseo, de que el círculo se cierre manteniendo la linea ferrea Huelva-Zafra, (auténtica conexión del producto minero con el Puerto) y la adaptación de la conexiones al ancho europeo, en la que las lineas del AVE -hoy tan olvidado- harían posible la creacción de miles de puestos de trabajo. Demostracción de que la crisis no debe hacernos abandonar. A mantener esa actitud, una vez más, convocamos a todos.

El Tribunal de Justicia Europeo corrige al Gobierno

      El Tribunal de Justicia Europeo ha considerado abusiva la legislación española sobre desahucios. El tribunal europeo considera que la legislación española no garantiza los derechos de los consumidores. La justicia europea no puede entender que uno de sus países miembros tenga una legislación que permita ser desalojado de la vivienda habitual y lanzado a la calle, sin que la apelacion de práctias abusivas de la entidad financiera suspenda el proceso.

      La primera y más inmediata consecuencia es que los tribunales españoles no pueden desconocer la doctrina marcada por el Tribunal de Justicia Europeo. La inmensa mayoría de los procesos judiciales en marcha podrán suspenderse apelando a las clausulas abusivas que contienen la mayoría de los contratos hipotecarios. Confío en que los jueces, que administran justicia en nombre del pueblo -también del que desahucian-, mantengan un comportamiento coherente con esta doctrina europea.

     La segunda consecuencia tiene que ver con el legislativo y debería producirse sin demora. El proyecto del Gobierno y la Iniciativa Legislativa Popular- esta última apoyada por el PSOE-, en trámite parlamentario debe acelerar sus debates y concluir con una norma que garantice los derechos de los ciudadanos y que evite definitivamente las prácticas abusivas de la contratación hipotecaria.

     Toda la oposición parlamentaria está de acuerdo con los cambios. Confío en que el Gobierno tenga la mínima sensibilidad que se requiere para hacerlos posibles.