El Tribunal de Justicia Europeo ha considerado abusiva la legislación española sobre desahucios. El tribunal europeo considera que la legislación española no garantiza los derechos de los consumidores. La justicia europea no puede entender que uno de sus países miembros tenga una legislación que permita ser desalojado de la vivienda habitual y lanzado a la calle, sin que la apelacion de práctias abusivas de la entidad financiera suspenda el proceso.
La primera y más inmediata consecuencia es que los tribunales españoles no pueden desconocer la doctrina marcada por el Tribunal de Justicia Europeo. La inmensa mayoría de los procesos judiciales en marcha podrán suspenderse apelando a las clausulas abusivas que contienen la mayoría de los contratos hipotecarios. Confío en que los jueces, que administran justicia en nombre del pueblo -también del que desahucian-, mantengan un comportamiento coherente con esta doctrina europea.
La segunda consecuencia tiene que ver con el legislativo y debería producirse sin demora. El proyecto del Gobierno y la Iniciativa Legislativa Popular- esta última apoyada por el PSOE-, en trámite parlamentario debe acelerar sus debates y concluir con una norma que garantice los derechos de los ciudadanos y que evite definitivamente las prácticas abusivas de la contratación hipotecaria.
Toda la oposición parlamentaria está de acuerdo con los cambios. Confío en que el Gobierno tenga la mínima sensibilidad que se requiere para hacerlos posibles.
jueves, 14 de marzo de 2013
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