MENOS AYUNTAMIENTOS, MENOS DEMOCRACIA

    El Gobierno ha remitido al Congreso el proyecto de ley que modifica sustancialmente las competencias y estructura de los Ayuntamientos democráticos. Siguiendo con su medida estrategia de legislar a favor de unos pocos aunque sus consecuencias dañen a la mayoría, despoja de competencias a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes (en Huelva mas del 90 por ciento del total de sus municipios) que entrega a las Diputaciones para que sea esta quien preste servicios públicos tales como: abastecimiento de agua; recogida de basuras; limpieza viaria; acceso a los nucleos de población; pavimentación de las vias urbanas y tratamiento de residuos. Es decir, todos aquellos servicios tan necesarios para los vecinos como atractivos para la empresa privada que los prestarian a precio de mercado si la Diputación no tiene capacidad para hacerlo.
     Por lo tanto la ley no busca solucionar ni responder siquiera a los retos que tienen planteados los municipios hoy dia, que son fundamentalmente de organización y de financiación de los servicios que prestan; más bien se aprovecha de la crisis para poner en bandeja a las grandes empresas el sustancioso negocio de poner en sus manos, y prestar mediante precio, servicios básicos para los vecinos. Buen ejemplo de las posibles consecuencias de esta ley lo tenemos en el aumento desorbitado de tasas en el servicio del agua llevados a cabo por las empresas adjudicatarias de  las privatizaciones de este servicio realizadas por Ayuntamientos del PP en nuestra provincia y, de manera destacada el de la capital.
     Por supuesto, si los municipios y las personas elegidas mediante votación popular que son quienes deciden como se presta el servicio, no lo hacen, ¿para qué son elegidos? A través de una ley que todos los Grupos Parlamentarios e incluso el dictamen del Consejo de Estado rechazan, se reduce la democracia local tan necesaria y tan consolidada entre nuestros vecinos. Si, como dice el Consejo de Estado en su informe, esta ley no justifica el ahorro que pretende producir por los cambios de estrtuctura, y tampoco se acredita que la prestación de los servicios por la Diputación Provincial se haga con menor coste, cabe preguntarse el porque de este cambio. La respuesta es sencilla: convertir en negocio servicios básicos del municipio, siguiendo el camino emprendido con el copago sanitario, la privatización de la sanidad, etc
    El PSOE se opone a esta ley de manera rotunda y solicita que se haga otra acordada por todos donde se haga una delimitación clara de las competencias y financiación necesaria para prestar los servicios a los ciudadanos; y una estructura y modelo de organización acorde con el siglo XXI capaz de gestionar con eficacia.