miércoles, 11 de diciembre de 2013

Seguridad para ser libres

    Los derechos necesitan de la seguridad para su ejercicio. La seguridad, en un país democrático, no es un objetivo en sí mismo, sino un instrumento, un medio, que garantiza la paz, la no violencia, para la práctica de las libertades públicas, o permite su reivindicación.
    A gran parte de la derecha política de nuestro país le cuesta entender que  las libertades públicas no son concesiones graciosas del poder, sino derechos consustanciales con la condición humana. Los derechos son el regalo constitucional que los españoles reciben al nacer en un país democrático. Hurtar su uso desde el Gobierno es, sencillamente, anticonstitucional, antidemocrático.
    La noticia de la aprobación por el Consejo de Ministros de un anteproyecto de ley que conculca claramente la práctica de los derechos de reunión y manifestación pacífica, así como el derecho a expresarse con libertad, remueve en la memoria de muchos españoles los peores recuerdos. No es exagerada la comparación si recordamos que con esta iniciativa del Gobierno, acciones como, por ejemplo, paralizar un desahucio, concentrarse ante la sede del PP, "ofender" a España, realizar escraches a miembros del Gobierno o protestar, sin violencia, ante instituciones, puede conllevar multas de hasta 30.000 euros; o, si se quiere, el salario de dos años de millones de españoles.
     Si añadimos que recurrir estas multas puede costar hasta 2750 euros en tasas judiciales, que se anuncia una ley de huelga, o se mantienen las cuchillas en las fronteras de Ceuta y Melina,  se entiende mejor la profunda preocupación de los demócratas españoles compartida por la UE o el periódico The Guardian que afirmó hace unos días: "La ley de seguridad ciudadana limitará la democracia en España".
     La gravedad de esta involución practicada por el Gobierno del PP ha llevado al PSOE a exigir la retirada del anteproyecto de ley de seguridad ciudadana, a denunciar los intentos de reducir drásticamente los derechos esenciales contemplados en la Constitución y a garantizar su recuperación derogando estas iniciativas si los españoles nos dan su confianza para gobernar.