La corrupción mata la democracia y sólo más democracia puede con la corrupción. No existe mayor insulto a los sacrificios de los españoles impuestos por este Gobierno para solventar los balances de las entidades financieras, auténticas protagonistas de los males que nos afectan, que comprobar el nivel de corrupción de quién se lo solicita. Nada más irritante que la indecencia de servidores públicos que reclamaron confianza y la transforman en pillaje aprovechando la gestión del dinero público.
Desmoraliza la impunidad generalizada, porque la impunidad es la salvaguarda de la corrupción y estimula las conductas más reprochables. Es impunidad no devolver el dinero sustraído ilegalmente; como lo es la lentitud de la justicia y la falta de tipificación penal de conductas inaceptables. Impunidad es aprovechar la institución del indulto para evitar la condena y lo es también decisiones penitenciarias privilegiadas destinadas a reducirla. Impunidad es que no se conozca al detalle y por cualquiera el destino y el uso de todo dinero público, sea en forma de ayudas, subvenciones o trasferencias.
Pero la corrupción es también una estrategia que busca dominar las instituciones democráticas tomando el poder político. Para ello determinadas formaciones políticas se valen de financiaciones irregulares que rompen las reglas de juego electoral, les sitúan en posiciones privilegiadas y se convierten en deudores de quienes les financiaron y a cuyo vasallaje se obligan.
La corrupción no es del sistema, aunque el sistema debe envolverse en mejores soluciones por el daño que significa para nuestra convivencia. Esto es importante: la aceptación de la corrupción, por mínima que sea, daña el modelo de convivencia democrática al despojarla de los valores sobre los que se sustenta. Porque hay también una corrupción que no deriva del dinero, sino de la mentira para la consecución de fines políticos o del engaño para no cumplir los compromisos.
Una sociedad limpia, por último, debe diferenciar e individualizar la corrupción. Porque la corrupción tiene nombre y apellidos (Matas, Granados, Camps, Cotino, etc) y, al hacerlo, se repara la inocencia de quienes cumplen con su deber como servidores públicos : esencial para que seguimos creyendo y defendiendo la democracia
jueves, 27 de noviembre de 2014
martes, 30 de septiembre de 2014
GANAN LAS MUJERES, GANA LA LIBERTAD, GANAMOS TODOS
La retirada de la ley contra la interrupción voluntaria del embarazo promovida por Rajoy y el sector mas ultraconservador del PP ha sido una de las rectificaciones más esperadas en lo que va de legislatura. El obsoleto proyecto que eliminaba los plazos como elemento regulador de la libre decisión de la mujer y que nos retrotraía a épocas casi olvidadas de restricción de la libertad, se elimina y con él a quien ha sido simple ejecutor de la política diseñada por Rajoy y tras quien se esconde: Gallardón. A tan amable noticia corresponden algunas conclusiones que merece la pena destacar:
1. El triunfo de las mujeres, colectivos diversos, sindicatos, partidos políticos progresistas, singularmente el Partido Socialista, unidos en una movilizacion permanente por la libertad en todos los ámbitos incluido, destacadamente, el parlamentario. El esfuerzo de tantos ha permitido abrir una página brillante en la historia política de nuestro país y una reflexión: en la lucha por la libertad el PSOE nunca está solo y muestra su lado más convincente.
2. El PP es un Partido de poder y para poderosos, sin otra ideologia que no sea la consecución de aquel para plegarse al dictado de estos. Frente a este acto de sumisión electoral no se han alzado ninguna de las voces -Conferencia Episcopal incluida- antes tan chillonas.
3. Se mantienen dos amenazas: la reforma de la ley actual de plazos en cuanto al consentimiento paterno para jóvenes de 16 y 17 años y el recurso que el PP mantiene ante el Tribunal Constitucional que debería retirarse inmediatamente. De mantener el recurso estariamos presenciando un nuevo acto de cinismo político y de cobardía social por parte del PP sabedor de que el ponente es un miembro supernumerario del Opus Dei, antiguo portavoz de justicia del Grupo Parlamentario Popular, dispuesto a hacer el "trabajo sucio".
Es preciso que todos conozcan que el PSOE no está dispuesto a negociar con el PP la primera amenaza y sí a seguir denunciando la segunda bastante más preocupante y que requiere de toda nuestra atención.
4. La dimisión de Gallardón busca desviar la atención sobre el verdadero culpable de este intento de contrareforma frustrado y que no es otro que Rajoy, con quien acordó la salida del Gobierno y su feliz aterrizaje en el Consejo Consultivo de Madrid (84.5000 euros anuales).
Quedan pendientes riesgos importantes para la libertad, destacadamente el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana que inicia su marcha parlamentaria en pocos dias en el Congreso de los Diputados. El PSOE se opondrá frontalmente a una ley cuyo objetivo es cercenar los derechos constitucionales de manifestación y reunión entre otros. Ojalá nos sintamos tambien acompañados por tantos ciudadanos como los que hicieron frente a la frustrada ley de Rajoy-Gallardón. A todos convocamos.
1. El triunfo de las mujeres, colectivos diversos, sindicatos, partidos políticos progresistas, singularmente el Partido Socialista, unidos en una movilizacion permanente por la libertad en todos los ámbitos incluido, destacadamente, el parlamentario. El esfuerzo de tantos ha permitido abrir una página brillante en la historia política de nuestro país y una reflexión: en la lucha por la libertad el PSOE nunca está solo y muestra su lado más convincente.
2. El PP es un Partido de poder y para poderosos, sin otra ideologia que no sea la consecución de aquel para plegarse al dictado de estos. Frente a este acto de sumisión electoral no se han alzado ninguna de las voces -Conferencia Episcopal incluida- antes tan chillonas.
3. Se mantienen dos amenazas: la reforma de la ley actual de plazos en cuanto al consentimiento paterno para jóvenes de 16 y 17 años y el recurso que el PP mantiene ante el Tribunal Constitucional que debería retirarse inmediatamente. De mantener el recurso estariamos presenciando un nuevo acto de cinismo político y de cobardía social por parte del PP sabedor de que el ponente es un miembro supernumerario del Opus Dei, antiguo portavoz de justicia del Grupo Parlamentario Popular, dispuesto a hacer el "trabajo sucio".
Es preciso que todos conozcan que el PSOE no está dispuesto a negociar con el PP la primera amenaza y sí a seguir denunciando la segunda bastante más preocupante y que requiere de toda nuestra atención.
4. La dimisión de Gallardón busca desviar la atención sobre el verdadero culpable de este intento de contrareforma frustrado y que no es otro que Rajoy, con quien acordó la salida del Gobierno y su feliz aterrizaje en el Consejo Consultivo de Madrid (84.5000 euros anuales).
Quedan pendientes riesgos importantes para la libertad, destacadamente el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana que inicia su marcha parlamentaria en pocos dias en el Congreso de los Diputados. El PSOE se opondrá frontalmente a una ley cuyo objetivo es cercenar los derechos constitucionales de manifestación y reunión entre otros. Ojalá nos sintamos tambien acompañados por tantos ciudadanos como los que hicieron frente a la frustrada ley de Rajoy-Gallardón. A todos convocamos.
miércoles, 9 de julio de 2014
PRIMARIAS
El PSOE está inmerso en la elección de su nuevo Secretario General a través del voto directo de todos sus militantes. Por primera vez, en la democracia reciente, un Partido Político convoca un referendum con participación de sus afiliados para elegir su lider. El paso es trascendente e irreversible. Transcendente porque significa un cambio reclamado hacia la transparencia y la participación. Irreversible porque enseña a los demás Partidos democráticos la plena legitimación de la autoridad democrática del elegido.
Enorgullece pensar que formamos parte de un Partido que vuelve a ser pionero y que une, tambien ahora, sus siglas a las del progreso y abre caminos por los que transitarán todos -incluida la derecha- mas pronto que tarde. Enorgullece escuchar como los candidatos se comprometen con la elección de primarias abiertas para la elección del candidato a presidir el Gobierno. Se abre imparable, por lo tanto, la idea de la participación política para decidir otras muchas cuestiones que inciden tambien, de manera profunda, en la vida de todos. No se usarán las urnas cada cuatro años, sino de manera frecuente. Los ciudadanos volverán a ser protagonistas directos de la vida política y no solo sus representantes que comprobarán aliviados lo importante de esta alianza para su trabajo. La democracia no se apolilla sino lo hacen las urnas.
Es tiempo de cambio. Es un tiempo para la Historia. Comienza un viaje destinado a encontrarnos con el pueblo de nuevo. A reconocernos mutuamente. Pertenecemos a unas siglas que hicieron de la sanidad, la educación y las pensiones, un derecho. Las siglas que introdujeron la ayuda pública a la dependencia. Las siglas que habilitaron el mayor numero de derechos sociales e individuales en Europa. Las siglas que ni siquiera los profesionales de la calumnia consiguen ultrajar. La únicas siglas que pueden reconstruir la esperanza de tantos damnificados por las politicas conservadoras.
Esas siglas nos convocan a la elección directa de nuestro próximo Secretario General el dia 13 de julio. No perdamos la oportunidad de participar y protagonizar el mejor futuro. Decidiendo. Votando.
Enorgullece pensar que formamos parte de un Partido que vuelve a ser pionero y que une, tambien ahora, sus siglas a las del progreso y abre caminos por los que transitarán todos -incluida la derecha- mas pronto que tarde. Enorgullece escuchar como los candidatos se comprometen con la elección de primarias abiertas para la elección del candidato a presidir el Gobierno. Se abre imparable, por lo tanto, la idea de la participación política para decidir otras muchas cuestiones que inciden tambien, de manera profunda, en la vida de todos. No se usarán las urnas cada cuatro años, sino de manera frecuente. Los ciudadanos volverán a ser protagonistas directos de la vida política y no solo sus representantes que comprobarán aliviados lo importante de esta alianza para su trabajo. La democracia no se apolilla sino lo hacen las urnas.
Es tiempo de cambio. Es un tiempo para la Historia. Comienza un viaje destinado a encontrarnos con el pueblo de nuevo. A reconocernos mutuamente. Pertenecemos a unas siglas que hicieron de la sanidad, la educación y las pensiones, un derecho. Las siglas que introdujeron la ayuda pública a la dependencia. Las siglas que habilitaron el mayor numero de derechos sociales e individuales en Europa. Las siglas que ni siquiera los profesionales de la calumnia consiguen ultrajar. La únicas siglas que pueden reconstruir la esperanza de tantos damnificados por las politicas conservadoras.
Esas siglas nos convocan a la elección directa de nuestro próximo Secretario General el dia 13 de julio. No perdamos la oportunidad de participar y protagonizar el mejor futuro. Decidiendo. Votando.
sábado, 10 de mayo de 2014
LA EUROPA QUE QUEREMOS
Somos muchos, cada vez más, los españoles y españolas que nos resulta insoportable la reducción de derechos individuales, sociales y laborales realizadas por un Gobierno que no representa los intereses generales y sí los de los más poderosos. Cansados de sus mentiras y de su depredadora capacidad para hacer negocio con aquellos servicios públicos -educación y sanidad, fundamentalmente- que han sido conquistas conseguidas y perseguidas durante muchos.
Muchos a los que resulta insufrible la hipocresías de quienes prometieron reiteradamente más empleo y menos impuestos, y han hecho exactamente lo contrario en dos años de gobierno: amnistiar fiscalmente a los ricos -es decir, autorizar sus trampas-, subir más de cincuenta impuestos (¡¡50!!) que pagan las clases medias y las capas ciudadanas menos favorecidas y destruir un millón de empleos creando seiscientos mil (¡600.000!) parados más.
Esta política aplaudida con fervor por la derecha europea, ha permitido que el desempleo en las mujeres se acerque al 30%, que la población activa haya caído en más de 400.000 personas, muchas de ellas emigrando al extranjero, a pesar de su enorme capacidad productiva por su formación, y que el empleo se haya convertido directamente en precariedad laboral: menos salario, más horas de trabajo, más temporalidad.
Este gobierno, obligado por la Troika a un rescate bancario que ha dejado exhausto el bolsillo de los españoles, ha permitido que la brecha salarial entre hombres y mujeres haya aumentado hasta un 23% y la brecha en pensiones llegue al 40% o que 2,8 millones de mujeres estén en paro.
Si dejamos pasar el momento electoral que nos permite el 25 de mayo cambiar estas políticas de la derecha europea y española que ha permitido cuotas de pobreza como no se conocían en nuestro país desde hace mucho tiempo, legitimaremos el sufrimiento que para muchas familias han significado estas políticas de austeridad y recortes sociales, y seremos responsables de sus consecuencias futuras.
El buen servidor público debe obsesionarse porque sus políticas permitan vivir mejor a su generación pero, sobre todo a las futuras. Pues bien, las Europa que queremos los socialdemócratas tiene como primer objetivo el empleo y para ello un plan de inversiones de, al menos, el 1% del PIB de la Unión Europea. Proponemos un plan de empleo juvenil de 21.000 millones de euros, de acuerdo con la propuesta de la Organización Internacional del Trabajo, así como un plan europeo contra la brecha salarial entre hombres y mujeres que evite drásticamente la brecha en pensiones.
Muchos a los que resulta insufrible la hipocresías de quienes prometieron reiteradamente más empleo y menos impuestos, y han hecho exactamente lo contrario en dos años de gobierno: amnistiar fiscalmente a los ricos -es decir, autorizar sus trampas-, subir más de cincuenta impuestos (¡¡50!!) que pagan las clases medias y las capas ciudadanas menos favorecidas y destruir un millón de empleos creando seiscientos mil (¡600.000!) parados más.
Esta política aplaudida con fervor por la derecha europea, ha permitido que el desempleo en las mujeres se acerque al 30%, que la población activa haya caído en más de 400.000 personas, muchas de ellas emigrando al extranjero, a pesar de su enorme capacidad productiva por su formación, y que el empleo se haya convertido directamente en precariedad laboral: menos salario, más horas de trabajo, más temporalidad.
Este gobierno, obligado por la Troika a un rescate bancario que ha dejado exhausto el bolsillo de los españoles, ha permitido que la brecha salarial entre hombres y mujeres haya aumentado hasta un 23% y la brecha en pensiones llegue al 40% o que 2,8 millones de mujeres estén en paro.
Si dejamos pasar el momento electoral que nos permite el 25 de mayo cambiar estas políticas de la derecha europea y española que ha permitido cuotas de pobreza como no se conocían en nuestro país desde hace mucho tiempo, legitimaremos el sufrimiento que para muchas familias han significado estas políticas de austeridad y recortes sociales, y seremos responsables de sus consecuencias futuras.
El buen servidor público debe obsesionarse porque sus políticas permitan vivir mejor a su generación pero, sobre todo a las futuras. Pues bien, las Europa que queremos los socialdemócratas tiene como primer objetivo el empleo y para ello un plan de inversiones de, al menos, el 1% del PIB de la Unión Europea. Proponemos un plan de empleo juvenil de 21.000 millones de euros, de acuerdo con la propuesta de la Organización Internacional del Trabajo, así como un plan europeo contra la brecha salarial entre hombres y mujeres que evite drásticamente la brecha en pensiones.
miércoles, 12 de marzo de 2014
HUELVA NECESITA EL FERROCARRIL
La provincia de HUELVA necesita que se complete y se mejore de manera inmediata su red ferroviaria de mercancías y viajeros, con el fin de conseguir una mejor articulación y cohesión interna y conectarse eficazmente con el resto de España y de Europa.
La reciente aprobación por la Comisión y el Parlamento Europeo (11 de diciembre del 2013), de los Reglamentos del mecanismo "Conectar Europa" (UE Nº 1316/2013) y de la Red Transeuropea de Transporte (UE Nº 1315/2013), financiado en el nuevo Marco Comunitario 2014-2020, nos ofrece una oportunidad única para consolidar la red básica ferroviaria para viajeros y mercancias en Andalucía, desarrollando los proyectos del Corredor Mediterraneo y Atlántico, a su paso por nuestra Comunidad Autónoma, que han sido declarados básicos en los Reglamentos aprobados y que permitirán recibir una alta cofinanciación europea que sumar a los fondos que se destinen a estos Corredores Ferroviarios en los Presupuestos Genenales del Estado en el periodo previsto.
Ambos corredores ferroviarios dan cobertura a las ocho provincias andaluzas y permiten articular convenientemente al resto de la red global con el mantenimiento y mejora, entre otras, de la conexión Huelva-Zafra-Badajoz y el planteamiento de la conexión con Portugal (Huelva-Ayamonte-Faro) actualmente en estudio.
Asimismo resulta indispensable la planificación rigurosa y la dotación económica correspondiente en los PGE, del resto de actuaciones aprobadas por la Comisión y el Parlamento Europeo para su finalización en el Marco Comunitario 2014-2020, entre ellos el trazado de la linea Huelva-Sevilla, para dar soporte al puerto de Huelva declarado como BASICO por Europa.
El anterior Gobierno socialista dio un claro impulso a la red ferroviaria. La liea Huelva-Zafra renovó todas sus estaciones, y las vias desde Badajoz hasta Jabugo, con una inversión de 12,4 millones de euros. Se impulsó la llegada del AVE a Huelva, con una inversión de 64,4 miillones de euros, entre las obras de la infraestructura de la Estación, el proyecto del edificio de viajeros y la redacción de los proyectos de los cinco tramos de vía entre Sevilla y Huelva. Proyectos paralizados drásticamente por el Gobierno del PP.
La falta de inversión y de la mínima atención a los onubenses, puesta de manifiesto ultimamente con la averías de los convoyes que unen el trayecto Huelva Madrid, las deficientes prestaciones de los trenes que circulan por esta linea -en ocasiones auténticos desechos provenientes de otros lugares de España- y el deterioro del trayecto de la linea Huelva Zafra, que se ha convertido en un trayecto de riesgo por el abandono y dejadez del Gobierno, hacen INDISPENSABLE el mantenimiento de la unión de todos los sectores sociales de Huelva, reivindicando estas infraestructuras y garantizando el progreso de la provincia y la dignidad de sus habitantes.
La consecución de estas infraestructuras, con cofinanciación europea, se ha convertido en un compromiso irrenunciable de los socialistas para la campaña a las elecciones europeas; su beneficio en progreso, competitividad para nuestro turismo y nuestros productos agrícolas y mineros, así como en empleo nos garantiza un futuro que nos merecemos y con el que no se ha comprometido el PP. Los onubeneses lo tendremos en cuenta en las elecciones de mayo y, esta vez, no le van a valer sus mentiras.
miércoles, 5 de febrero de 2014
UN GOBIERNO INSENSIBLE Y CRUEL
El Parlamento Andaluz aprobó hace unos meses la ley de la función social de la vivienda, pionera en España, con el objetivo de evitar la vulneración del derecho constitucional a una vivienda justa, luchar contra la exclusión social de familias sin recursos y defender una sociedad más justa, frente al riesgo de desahucios de la vivienda. Se evita el lanzamiento mediante la expropiación temporal y en supuestos extraordinarios, amparando también a avalistas y autónomos que solicitaron crédito para impulsar sus negocios avalando su residencia habitual.
Esta ley ha tenido desde su aprobación resultados brillantes paralizando más de 3.200 desahucios; ha expropiado temporalmente a la Banca dos viviendas, hay 37 expedientes más y aproximadamente 200 familias que han solicitado esta protección. Y, sin embargo, a pesar de la constitucionalidad de la medida de expropiación extraordinaria y temporal, el Gobierno ha recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional provocando su suspensión y permitiendo con ello que miles de familias sean expulsadas de sus casas.
El Gobierno ha amparado su recurso arguyendo que la ley andaluza pone en riesgo el sistema financiero español. Tal grado de desfachatez e insensibilidad se subraya cuando tenemos en cuenta algunos datos ya de todos conocidos: la banca ha recibido más de 40.000 millones de euros del bolsillo de todos los españoles víctimas de una crisis que aquellos provocaron. Esta cifra, dada con tanto desparpajo a quienes en buena medida han dejado en paro a 6.000.000 millones de españoles, de los que 3.000.000 (tres millones!!) no reciben prestación alguna, es mayor que el déficit de las Comunidades Autónomas, la Seguridad Social y las Administraciones Locales.
Esta banca, ante la que el Gobierno muestra esa grado de servilismo, ha despedido más de 30.000 trabajadores aprovechando la reforma laboral que el Presidente Rajoy ha llevado a cabo en otra muestra más de dependencia a los poderosos. La banca que ha aumentado beneficios en el año 2013 en porcentaje superior al 90 por ciento con referencia al anterior año. Banca que es propietaria de gran parte de las más de 3.000.000 millones de viviendas vacías, cerca de 700.000 solo en Andalucia.
El grupo Parlamentario Socialista defendió hace unos días la petición para que la Ministra de Fomento compareciera y explicara los motivos que han llevado a este gobierno a presentar recurso ante el Tribunal Constitucional y suspender esta ley. Se rechazó la comparecencia dando muestras, de manera especial los parlamentarios del PP andaluz, de una absoluta insensibilidad frente al dolor y la angustia de tantas familias andaluzas.
Vamos a seguir luchando frente al Gobierno más insensible y cruel de la Unión Europea para que las víctimas de la crisis, cada vez más profunda resultado de sus políticas de recortes, tengan amparo, con el compromiso de frenar esta lacra cuando la confianza de los ciudadanos nos permitan gobernar.
Esta ley ha tenido desde su aprobación resultados brillantes paralizando más de 3.200 desahucios; ha expropiado temporalmente a la Banca dos viviendas, hay 37 expedientes más y aproximadamente 200 familias que han solicitado esta protección. Y, sin embargo, a pesar de la constitucionalidad de la medida de expropiación extraordinaria y temporal, el Gobierno ha recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional provocando su suspensión y permitiendo con ello que miles de familias sean expulsadas de sus casas.
El Gobierno ha amparado su recurso arguyendo que la ley andaluza pone en riesgo el sistema financiero español. Tal grado de desfachatez e insensibilidad se subraya cuando tenemos en cuenta algunos datos ya de todos conocidos: la banca ha recibido más de 40.000 millones de euros del bolsillo de todos los españoles víctimas de una crisis que aquellos provocaron. Esta cifra, dada con tanto desparpajo a quienes en buena medida han dejado en paro a 6.000.000 millones de españoles, de los que 3.000.000 (tres millones!!) no reciben prestación alguna, es mayor que el déficit de las Comunidades Autónomas, la Seguridad Social y las Administraciones Locales.
Esta banca, ante la que el Gobierno muestra esa grado de servilismo, ha despedido más de 30.000 trabajadores aprovechando la reforma laboral que el Presidente Rajoy ha llevado a cabo en otra muestra más de dependencia a los poderosos. La banca que ha aumentado beneficios en el año 2013 en porcentaje superior al 90 por ciento con referencia al anterior año. Banca que es propietaria de gran parte de las más de 3.000.000 millones de viviendas vacías, cerca de 700.000 solo en Andalucia.
El grupo Parlamentario Socialista defendió hace unos días la petición para que la Ministra de Fomento compareciera y explicara los motivos que han llevado a este gobierno a presentar recurso ante el Tribunal Constitucional y suspender esta ley. Se rechazó la comparecencia dando muestras, de manera especial los parlamentarios del PP andaluz, de una absoluta insensibilidad frente al dolor y la angustia de tantas familias andaluzas.
Vamos a seguir luchando frente al Gobierno más insensible y cruel de la Unión Europea para que las víctimas de la crisis, cada vez más profunda resultado de sus políticas de recortes, tengan amparo, con el compromiso de frenar esta lacra cuando la confianza de los ciudadanos nos permitan gobernar.
miércoles, 11 de diciembre de 2013
Seguridad para ser libres
Los derechos necesitan de la seguridad para su ejercicio. La seguridad, en un país democrático, no es un objetivo en sí mismo, sino un instrumento, un medio, que garantiza la paz, la no violencia, para la práctica de las libertades públicas, o permite su reivindicación.
A gran parte de la derecha política de nuestro país le cuesta entender que las libertades públicas no son concesiones graciosas del poder, sino derechos consustanciales con la condición humana. Los derechos son el regalo constitucional que los españoles reciben al nacer en un país democrático. Hurtar su uso desde el Gobierno es, sencillamente, anticonstitucional, antidemocrático.
La noticia de la aprobación por el Consejo de Ministros de un anteproyecto de ley que conculca claramente la práctica de los derechos de reunión y manifestación pacífica, así como el derecho a expresarse con libertad, remueve en la memoria de muchos españoles los peores recuerdos. No es exagerada la comparación si recordamos que con esta iniciativa del Gobierno, acciones como, por ejemplo, paralizar un desahucio, concentrarse ante la sede del PP, "ofender" a España, realizar escraches a miembros del Gobierno o protestar, sin violencia, ante instituciones, puede conllevar multas de hasta 30.000 euros; o, si se quiere, el salario de dos años de millones de españoles.
Si añadimos que recurrir estas multas puede costar hasta 2750 euros en tasas judiciales, que se anuncia una ley de huelga, o se mantienen las cuchillas en las fronteras de Ceuta y Melina, se entiende mejor la profunda preocupación de los demócratas españoles compartida por la UE o el periódico The Guardian que afirmó hace unos días: "La ley de seguridad ciudadana limitará la democracia en España".
La gravedad de esta involución practicada por el Gobierno del PP ha llevado al PSOE a exigir la retirada del anteproyecto de ley de seguridad ciudadana, a denunciar los intentos de reducir drásticamente los derechos esenciales contemplados en la Constitución y a garantizar su recuperación derogando estas iniciativas si los españoles nos dan su confianza para gobernar.
A gran parte de la derecha política de nuestro país le cuesta entender que las libertades públicas no son concesiones graciosas del poder, sino derechos consustanciales con la condición humana. Los derechos son el regalo constitucional que los españoles reciben al nacer en un país democrático. Hurtar su uso desde el Gobierno es, sencillamente, anticonstitucional, antidemocrático.
La noticia de la aprobación por el Consejo de Ministros de un anteproyecto de ley que conculca claramente la práctica de los derechos de reunión y manifestación pacífica, así como el derecho a expresarse con libertad, remueve en la memoria de muchos españoles los peores recuerdos. No es exagerada la comparación si recordamos que con esta iniciativa del Gobierno, acciones como, por ejemplo, paralizar un desahucio, concentrarse ante la sede del PP, "ofender" a España, realizar escraches a miembros del Gobierno o protestar, sin violencia, ante instituciones, puede conllevar multas de hasta 30.000 euros; o, si se quiere, el salario de dos años de millones de españoles.
Si añadimos que recurrir estas multas puede costar hasta 2750 euros en tasas judiciales, que se anuncia una ley de huelga, o se mantienen las cuchillas en las fronteras de Ceuta y Melina, se entiende mejor la profunda preocupación de los demócratas españoles compartida por la UE o el periódico The Guardian que afirmó hace unos días: "La ley de seguridad ciudadana limitará la democracia en España".
La gravedad de esta involución practicada por el Gobierno del PP ha llevado al PSOE a exigir la retirada del anteproyecto de ley de seguridad ciudadana, a denunciar los intentos de reducir drásticamente los derechos esenciales contemplados en la Constitución y a garantizar su recuperación derogando estas iniciativas si los españoles nos dan su confianza para gobernar.
miércoles, 30 de octubre de 2013
MENOS AYUNTAMIENTOS, MENOS DEMOCRACIA
El Gobierno ha remitido al Congreso el proyecto de ley que modifica sustancialmente las competencias y estructura de los Ayuntamientos democráticos. Siguiendo con su medida estrategia de legislar a favor de unos pocos aunque sus consecuencias dañen a la mayoría, despoja de competencias a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes (en Huelva mas del 90 por ciento del total de sus municipios) que entrega a las Diputaciones para que sea esta quien preste servicios públicos tales como: abastecimiento de agua; recogida de basuras; limpieza viaria; acceso a los nucleos de población; pavimentación de las vias urbanas y tratamiento de residuos. Es decir, todos aquellos servicios tan necesarios para los vecinos como atractivos para la empresa privada que los prestarian a precio de mercado si la Diputación no tiene capacidad para hacerlo.
Por lo tanto la ley no busca solucionar ni responder siquiera a los retos que tienen planteados los municipios hoy dia, que son fundamentalmente de organización y de financiación de los servicios que prestan; más bien se aprovecha de la crisis para poner en bandeja a las grandes empresas el sustancioso negocio de poner en sus manos, y prestar mediante precio, servicios básicos para los vecinos. Buen ejemplo de las posibles consecuencias de esta ley lo tenemos en el aumento desorbitado de tasas en el servicio del agua llevados a cabo por las empresas adjudicatarias de las privatizaciones de este servicio realizadas por Ayuntamientos del PP en nuestra provincia y, de manera destacada el de la capital.
Por supuesto, si los municipios y las personas elegidas mediante votación popular que son quienes deciden como se presta el servicio, no lo hacen, ¿para qué son elegidos? A través de una ley que todos los Grupos Parlamentarios e incluso el dictamen del Consejo de Estado rechazan, se reduce la democracia local tan necesaria y tan consolidada entre nuestros vecinos. Si, como dice el Consejo de Estado en su informe, esta ley no justifica el ahorro que pretende producir por los cambios de estrtuctura, y tampoco se acredita que la prestación de los servicios por la Diputación Provincial se haga con menor coste, cabe preguntarse el porque de este cambio. La respuesta es sencilla: convertir en negocio servicios básicos del municipio, siguiendo el camino emprendido con el copago sanitario, la privatización de la sanidad, etc
El PSOE se opone a esta ley de manera rotunda y solicita que se haga otra acordada por todos donde se haga una delimitación clara de las competencias y financiación necesaria para prestar los servicios a los ciudadanos; y una estructura y modelo de organización acorde con el siglo XXI capaz de gestionar con eficacia.
miércoles, 25 de septiembre de 2013
Rajoy expolia a los pensionistas
Este Gobierno ha decidido hacer más pobres a los ciudadanos que no pueden mejorar sus ingresos: los Pensionistas. Por primera vez -saltándose las recomendaciones del Pacto de Toledo avalado por todos los Grupos Parlamentarios y que exige el acuerdo de todos ellos en la reforma de pensiones- el Gobierno de Rajoy HA DECIDIDO DEVALUAR LAS PENSIONES CADA AÑO a los Pensionistas que las cobran y a los que las cobren en el futuro.
Con la fórmula trilera de aumentar las pensiones un 0,25 al año -y así presumir de que no las congelan- en lugar de subirlas de acuerdo con el aumento anual de los precios (IPC), buscan ahorrar alrededor de 33.000 millones de euros entre los años 2014 al 2022, y detraer de los derechos y del bolsillo de los más necesitados, prácticamente los 37.000 millones de euros que este Gobierno regaló a la Banca y ahora, eufemísticamente, da por perdidos.
Un ejemplo de la pérdida de poder adquisitivo a que aboca el PP a los Pensionistas de Huelva: calculando una pensión media de 750 euros mensuales, aumentarlas en un 0,25 significa añadir 1,87 euros mensuales. Aceptando unas previsiones realistas de aumento del 3% del IPC, el incremento de la pensión debería ser de 22,5 euros; si a esta cantidad, a la que el mayor tiene derecho por ley, le restamos los 1,87 euros, tendremos la cantidad expoliada: 20,63 euros al mes, 288,82 euros al año. La fórmula del Gobierno del PP, producirá a los Pensionistas de Huelva LA PERDIDA DEL 30% DEL VALOR ADQUISITIVO DE SU PENSIÓN al menos, en los próximos diez años.
El PSOE va enfrentarse frontalmente a este ataque miserable a los Pensionistas de nuestro país y recuerda que es preciso cambiar la política de recortes por otra que estimule el crecimiento, aumente de esta forma el empleo, su capacidad de consumo y repercuta en el incremento de los ingresos. Hay que utilizar las dotaciones del Fondo de Reserva que el Gobierno socialista incrementó hasta una cuantía de 60.000 millones de euros y mantener la reforma en vigor aprobada en 2011 que permite la sostenibilidad del sistema de pensiones sin necesidad de disminuir su cuantía.
Es decir, nos enfrentaremos con todas nuestras fuerzas al irritante proyecto del PP que subyace en esta medida, y que no es otro que ayudar a la banca a ampliar su negocio de fondos de pensiones en detrimento de la pensión pública.
Con la fórmula trilera de aumentar las pensiones un 0,25 al año -y así presumir de que no las congelan- en lugar de subirlas de acuerdo con el aumento anual de los precios (IPC), buscan ahorrar alrededor de 33.000 millones de euros entre los años 2014 al 2022, y detraer de los derechos y del bolsillo de los más necesitados, prácticamente los 37.000 millones de euros que este Gobierno regaló a la Banca y ahora, eufemísticamente, da por perdidos.
Un ejemplo de la pérdida de poder adquisitivo a que aboca el PP a los Pensionistas de Huelva: calculando una pensión media de 750 euros mensuales, aumentarlas en un 0,25 significa añadir 1,87 euros mensuales. Aceptando unas previsiones realistas de aumento del 3% del IPC, el incremento de la pensión debería ser de 22,5 euros; si a esta cantidad, a la que el mayor tiene derecho por ley, le restamos los 1,87 euros, tendremos la cantidad expoliada: 20,63 euros al mes, 288,82 euros al año. La fórmula del Gobierno del PP, producirá a los Pensionistas de Huelva LA PERDIDA DEL 30% DEL VALOR ADQUISITIVO DE SU PENSIÓN al menos, en los próximos diez años.
El PSOE va enfrentarse frontalmente a este ataque miserable a los Pensionistas de nuestro país y recuerda que es preciso cambiar la política de recortes por otra que estimule el crecimiento, aumente de esta forma el empleo, su capacidad de consumo y repercuta en el incremento de los ingresos. Hay que utilizar las dotaciones del Fondo de Reserva que el Gobierno socialista incrementó hasta una cuantía de 60.000 millones de euros y mantener la reforma en vigor aprobada en 2011 que permite la sostenibilidad del sistema de pensiones sin necesidad de disminuir su cuantía.
Es decir, nos enfrentaremos con todas nuestras fuerzas al irritante proyecto del PP que subyace en esta medida, y que no es otro que ayudar a la banca a ampliar su negocio de fondos de pensiones en detrimento de la pensión pública.
lunes, 3 de junio de 2013
UN PUERTO ENTRE LOS GRANDES DE EUROPA
Hace unos dias los onubenses conocieron la noticia de la inclusión del Puerto de Huelva en la actual revisión de la Red Básica de Corredores de la Unión Europea. Algunos políticos, previamente advertidos, salieron raudos a los medios de comunicación a poner en valor lo que desconocían y eran incapaces de explicar excitados por sacar rédito a información tan positiva. Es hora, por lo tanto, de ayudar a la Presidenta del Puerto de Huelva, auténtica promotora y al Presidente de la Diputación, impulsor, a difundir los datos que avalan a nuestro Puerto para convertirse en uno de los mayores de Europa y motor de nuestro crecimiento económico si todos, todos, empujamos en la misma dirección.
El Puerto de Huelva es el más grande en extensión del Reino de España (1.700 hectareas), el sexto en tráfico (28,6 millones de toneladas movidas en 2012), está dentro de los 25 puertos más grandes por tráfico de la Unión Europea, y mueve más del 1% de los graneles (sólidos y líquidos) de la UE.
El Puerto de Huelva, es el puerto marítimo de Sevilla, ciudad MEGA y su conexión marítima necesaria. Huelva, pues, cuenta con el Puerto Atlántico del Sur de Europa por excelencia (por sus inmediaciones pasan más de 100.000 barcos al año). Su magnífica ubicación le permite atender los tráficos de Africa (especialmente Occidental), América (especialmente Latinoamérica, pero tambien Norteamérica) y Europa (especialmente del sur).
Todo lo anterior hacen del Puerto de Huelva un gran candidato a incorporarse a diferentes Autopistas del Mar con el Norte de Europa, el Arco Atlático Europeo y con Marruecos, además de un gran potencial para entrar en el negocio de cruceros. Y de manera destacada, convierte al Puerto de Huelva en el puerto de referencia para la zona del Algarve Portugués.
Entrar en la Red Básica de Corredores de la Unión Europea, puede significar, en palabras de la Presidenta del Puerto de Huelva, un incremento del PIB provincial por encima de los 600 millones de euros, además de la creacción de cientos de puestos de trabajo.
Es momento de alegrarse sí, pero también y sobre todo, de agradecer a quienes lo han hecho posible: los presidentes socialistas que el Puerto ha tenido, Genaro García Arreciado, José Antonio Marín Rite, José Cejudo y, singularmente, Manuela de Paz, auténtico motor del proyecto. Todos ellos deben sentirse orgullosos por su contribución al bienestar de los onubeneses. Como debe sentirse orgulloso el Presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, que hizo suya e impulsó la iniciativa, consciente de su importancia para la provincia.
Solo queda la votación en el Congreso de los Dìputados para que la iniciativa del Grupo Socialista refleje la unanimidad que nos hará más fuertes en Europa. Y queda el deseo, de que el círculo se cierre manteniendo la linea ferrea Huelva-Zafra, (auténtica conexión del producto minero con el Puerto) y la adaptación de la conexiones al ancho europeo, en la que las lineas del AVE -hoy tan olvidado- harían posible la creacción de miles de puestos de trabajo. Demostracción de que la crisis no debe hacernos abandonar. A mantener esa actitud, una vez más, convocamos a todos.
El Puerto de Huelva es el más grande en extensión del Reino de España (1.700 hectareas), el sexto en tráfico (28,6 millones de toneladas movidas en 2012), está dentro de los 25 puertos más grandes por tráfico de la Unión Europea, y mueve más del 1% de los graneles (sólidos y líquidos) de la UE.
El Puerto de Huelva, es el puerto marítimo de Sevilla, ciudad MEGA y su conexión marítima necesaria. Huelva, pues, cuenta con el Puerto Atlántico del Sur de Europa por excelencia (por sus inmediaciones pasan más de 100.000 barcos al año). Su magnífica ubicación le permite atender los tráficos de Africa (especialmente Occidental), América (especialmente Latinoamérica, pero tambien Norteamérica) y Europa (especialmente del sur).
Todo lo anterior hacen del Puerto de Huelva un gran candidato a incorporarse a diferentes Autopistas del Mar con el Norte de Europa, el Arco Atlático Europeo y con Marruecos, además de un gran potencial para entrar en el negocio de cruceros. Y de manera destacada, convierte al Puerto de Huelva en el puerto de referencia para la zona del Algarve Portugués.
Entrar en la Red Básica de Corredores de la Unión Europea, puede significar, en palabras de la Presidenta del Puerto de Huelva, un incremento del PIB provincial por encima de los 600 millones de euros, además de la creacción de cientos de puestos de trabajo.
Es momento de alegrarse sí, pero también y sobre todo, de agradecer a quienes lo han hecho posible: los presidentes socialistas que el Puerto ha tenido, Genaro García Arreciado, José Antonio Marín Rite, José Cejudo y, singularmente, Manuela de Paz, auténtico motor del proyecto. Todos ellos deben sentirse orgullosos por su contribución al bienestar de los onubeneses. Como debe sentirse orgulloso el Presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, que hizo suya e impulsó la iniciativa, consciente de su importancia para la provincia.
Solo queda la votación en el Congreso de los Dìputados para que la iniciativa del Grupo Socialista refleje la unanimidad que nos hará más fuertes en Europa. Y queda el deseo, de que el círculo se cierre manteniendo la linea ferrea Huelva-Zafra, (auténtica conexión del producto minero con el Puerto) y la adaptación de la conexiones al ancho europeo, en la que las lineas del AVE -hoy tan olvidado- harían posible la creacción de miles de puestos de trabajo. Demostracción de que la crisis no debe hacernos abandonar. A mantener esa actitud, una vez más, convocamos a todos.
jueves, 14 de marzo de 2013
El Tribunal de Justicia Europeo corrige al Gobierno
El Tribunal de Justicia Europeo ha considerado abusiva la legislación española sobre desahucios. El tribunal europeo considera que la legislación española no garantiza los derechos de los consumidores. La justicia europea no puede entender que uno de sus países miembros tenga una legislación que permita ser desalojado de la vivienda habitual y lanzado a la calle, sin que la apelacion de práctias abusivas de la entidad financiera suspenda el proceso.
La primera y más inmediata consecuencia es que los tribunales españoles no pueden desconocer la doctrina marcada por el Tribunal de Justicia Europeo. La inmensa mayoría de los procesos judiciales en marcha podrán suspenderse apelando a las clausulas abusivas que contienen la mayoría de los contratos hipotecarios. Confío en que los jueces, que administran justicia en nombre del pueblo -también del que desahucian-, mantengan un comportamiento coherente con esta doctrina europea.
La segunda consecuencia tiene que ver con el legislativo y debería producirse sin demora. El proyecto del Gobierno y la Iniciativa Legislativa Popular- esta última apoyada por el PSOE-, en trámite parlamentario debe acelerar sus debates y concluir con una norma que garantice los derechos de los ciudadanos y que evite definitivamente las prácticas abusivas de la contratación hipotecaria.
Toda la oposición parlamentaria está de acuerdo con los cambios. Confío en que el Gobierno tenga la mínima sensibilidad que se requiere para hacerlos posibles.
La primera y más inmediata consecuencia es que los tribunales españoles no pueden desconocer la doctrina marcada por el Tribunal de Justicia Europeo. La inmensa mayoría de los procesos judiciales en marcha podrán suspenderse apelando a las clausulas abusivas que contienen la mayoría de los contratos hipotecarios. Confío en que los jueces, que administran justicia en nombre del pueblo -también del que desahucian-, mantengan un comportamiento coherente con esta doctrina europea.
La segunda consecuencia tiene que ver con el legislativo y debería producirse sin demora. El proyecto del Gobierno y la Iniciativa Legislativa Popular- esta última apoyada por el PSOE-, en trámite parlamentario debe acelerar sus debates y concluir con una norma que garantice los derechos de los ciudadanos y que evite definitivamente las prácticas abusivas de la contratación hipotecaria.
Toda la oposición parlamentaria está de acuerdo con los cambios. Confío en que el Gobierno tenga la mínima sensibilidad que se requiere para hacerlos posibles.
lunes, 15 de octubre de 2012
No es la crisis, ¡es el Gobierno!
Estamos mucho peor que hace un año. Los remedios de los gobiernos de la derecha, limitados a reducir el déficit pagando la deuda de quienes con usura invirtieron en el boom inmobiliario, transfiriendo rentas de las clases medias a los bancos aligerados de capital por el método de la codicia, no son recetas económicas sino opciones políticas. Sin crecimiento, sin aumento del PIB, no es posible reducir el déficit, a no ser que se busque conscientemente el objetivo de una sociedad desestructurada, débil, individualista y, por ello, fácilmente controlable.
Y a esa opción política que está llevando a unas diferencias sociales inimaginables hace unos años, responden los nuevos Presupuestos para el 2013 presentados en el Congreso por el Gobierno. Un ejemplo son los recortes en las partidas dedicadas a la Educación y los cambios legislativos anunciados que nos retrotraen a los años previos a la democracia, con una escuela pública sin dinero, sin innovación, sin becas y con controles que discriminan a los estudiantes de familias menos pudientes.
Estos Presupuestos tambien incumplen la inversión real a que obliga el Estatuto de Autonomía de Andalucía (17,8%, similar al de su población con respecto al total de la población española), a pesar de que Andalucía está cumpliendo su compromiso con el objetivo de consolidación fiscal y su ratio deuda/PIB es muy inferior a la de muchas Comunidades Autónomas gobernadas por el PP. Y así, mientras la deuda andaluza es del 10,7%, la Comunidad Valenciana está por encima del 20%, Castilla-La Mancha por encima del 18%, Baleares por encima del 17%, e, incluso, Galicia por encima del 13,5, sin contar los 400 millones de euros escondidos, al parecer, por la actual responsable de Presupuestos del Ministerios de Hacienda....
A pesar de ello Andalucía tendrá casi 300 millones de euros menos de los que legalmente le corresponden y con los que podría paliar las consecuencias catastróficas de las inundaciones en Málaga, Granada y Almeria, o compensar la falta de planes de empleo para Andalucía que reduzcan el paro, su mal más endémico.
Un Gobierno sin una auténtica dirección que sigue creyendo que tenemos un problema de gasto, cuando lo que necesitamos es aumentar nuestros ingresos a través del crecimiento, el empleo y el consumo.
Le falta lealtad constitucional a este Gobierno (no respeta a las Comunidades Autónomas), le falta sensibilidad y solidaridad con quien más lo necesita (reducen políticas sociales, dependencia, etc), le falta objetivos a medio y largo plazo (reduce la inversión real y la destinada a I+D+i), le falta cordura democrática ( intentos legislativos por reducir los derechos constitucionales de los ciudadanos) y le sobra prepotencia, lo que le incapacita para el diálogo y el acuerdo, tan necesarios en estos momentos.
No es la crisis, ¡es el Gobierno!
Y a esa opción política que está llevando a unas diferencias sociales inimaginables hace unos años, responden los nuevos Presupuestos para el 2013 presentados en el Congreso por el Gobierno. Un ejemplo son los recortes en las partidas dedicadas a la Educación y los cambios legislativos anunciados que nos retrotraen a los años previos a la democracia, con una escuela pública sin dinero, sin innovación, sin becas y con controles que discriminan a los estudiantes de familias menos pudientes.
Estos Presupuestos tambien incumplen la inversión real a que obliga el Estatuto de Autonomía de Andalucía (17,8%, similar al de su población con respecto al total de la población española), a pesar de que Andalucía está cumpliendo su compromiso con el objetivo de consolidación fiscal y su ratio deuda/PIB es muy inferior a la de muchas Comunidades Autónomas gobernadas por el PP. Y así, mientras la deuda andaluza es del 10,7%, la Comunidad Valenciana está por encima del 20%, Castilla-La Mancha por encima del 18%, Baleares por encima del 17%, e, incluso, Galicia por encima del 13,5, sin contar los 400 millones de euros escondidos, al parecer, por la actual responsable de Presupuestos del Ministerios de Hacienda....
A pesar de ello Andalucía tendrá casi 300 millones de euros menos de los que legalmente le corresponden y con los que podría paliar las consecuencias catastróficas de las inundaciones en Málaga, Granada y Almeria, o compensar la falta de planes de empleo para Andalucía que reduzcan el paro, su mal más endémico.
Un Gobierno sin una auténtica dirección que sigue creyendo que tenemos un problema de gasto, cuando lo que necesitamos es aumentar nuestros ingresos a través del crecimiento, el empleo y el consumo.
Le falta lealtad constitucional a este Gobierno (no respeta a las Comunidades Autónomas), le falta sensibilidad y solidaridad con quien más lo necesita (reducen políticas sociales, dependencia, etc), le falta objetivos a medio y largo plazo (reduce la inversión real y la destinada a I+D+i), le falta cordura democrática ( intentos legislativos por reducir los derechos constitucionales de los ciudadanos) y le sobra prepotencia, lo que le incapacita para el diálogo y el acuerdo, tan necesarios en estos momentos.
No es la crisis, ¡es el Gobierno!
miércoles, 18 de julio de 2012
Nos arruinan, se enriquecen
Las decisiones que el actual Gobierno está adoptando son básicamente políticas: no deberíamos caer en el engaño. Son decisiones consecuentes con una ideología profundamente conservadora, que le lleva a una actitud servil con los más poderosos a quienes, se diría, únicamente representan.
Amparados en la crisis y con la justificación propagandística de una herencia que no es tal, este Gobierno ha aumentado los impuestos directos a las clases medias y los indirectos a todos; ha congelado el salario mínimo; ha reducido el salario de los funcionarios en más del 7% (que es lo que significa la exclusión de la llamada paga extra de Navidad); ha reducido las aportaciones a la sanidad y a la educación públicas, disminuyendo la calidad de ambos servicios e impulsando la privatización de ambos derechos; ha eleminado la ayuda a la dependencia; ha impuesto el copago farmaceútico, dañando gravemente la economía ya precaria de los mayores; ha estrangulado la economía de las Comunidades Autónomas; ha facilitado el despido a los bancos y a las grandes empresas con una reforma laboral injusta y antisocial que desequilibra gravemente el ámbito laboral; ha reducido las prestaciones de desempleo y ha condenando a muchos españoles a la indigencia; ha aumentado el desempleo en estos primeros meses gobernando tanto como aumentó en todo el año 2011; hoy pagamos el doble de interés (prima de riesgo) que hace un año por el dinero que pedimos....
En fin, este Gobierno inyecta al menos 65.000 millones de euros en el sistema bancario, con garantía de todos, y le quita ese misma cantidad a funcionarios, estudiantes, parados, enfermos, dependientes, jubilados, autónomos, trabajadores y comunidades autónomas.
Se está cumpliendo el sueño de la derecha, seguramente, más reaccionaria de Europa: privatización de los derechos y servicios sociales, apoyo a grandes empresas y bancos y reducción de las competencias autonómicas.
Es evidente que la mayoría de votantes del PP y muchos de sus militantentes están sorprendidos, asustados y se consideran víctimas también de esta política. No es a ellos a quienes critico, aunque deberían mantener en la memoria lo que ocurre. Y, sobre todo, evitar que la propaganda haga más ancha la herida. No en vano, el Gobierno se ha apresurado a controlar férreamente los medios de comunicación públicos y privados e intenta el control de los órganos constitucionales, lo que persigue la aceptación de las medidas injustas como necesarias y el sometimiento ideológico de la mayoría de la población.
Y cada vez menos derechos y cada vez más paro y más diferencia entre los que más tienen y los que más necesitan. Nunca se gobernó tan mal en tan poco tiempo, ni se produjo tanto daño a tanta gente de manera tan injusta. Nunca estuvo tan en peligro el sistema democrático que nos hemos dado. Nunca fue tan evidente que el objetivo de este Gobierno es romper el acuerdo constitucional que conseguimos entre todos los españoles, queriendo imponer una segunda transición profundamente conservadora y dirigida a satisfacer las capas sociales más privilegiadas.
No es el déficit -hay otras vías para reducirlo-, no es la crisis -se sale impulsando politicas de crecimiento-. Es el Gobierno. Este Gobierno.
Amparados en la crisis y con la justificación propagandística de una herencia que no es tal, este Gobierno ha aumentado los impuestos directos a las clases medias y los indirectos a todos; ha congelado el salario mínimo; ha reducido el salario de los funcionarios en más del 7% (que es lo que significa la exclusión de la llamada paga extra de Navidad); ha reducido las aportaciones a la sanidad y a la educación públicas, disminuyendo la calidad de ambos servicios e impulsando la privatización de ambos derechos; ha eleminado la ayuda a la dependencia; ha impuesto el copago farmaceútico, dañando gravemente la economía ya precaria de los mayores; ha estrangulado la economía de las Comunidades Autónomas; ha facilitado el despido a los bancos y a las grandes empresas con una reforma laboral injusta y antisocial que desequilibra gravemente el ámbito laboral; ha reducido las prestaciones de desempleo y ha condenando a muchos españoles a la indigencia; ha aumentado el desempleo en estos primeros meses gobernando tanto como aumentó en todo el año 2011; hoy pagamos el doble de interés (prima de riesgo) que hace un año por el dinero que pedimos....
En fin, este Gobierno inyecta al menos 65.000 millones de euros en el sistema bancario, con garantía de todos, y le quita ese misma cantidad a funcionarios, estudiantes, parados, enfermos, dependientes, jubilados, autónomos, trabajadores y comunidades autónomas.
Se está cumpliendo el sueño de la derecha, seguramente, más reaccionaria de Europa: privatización de los derechos y servicios sociales, apoyo a grandes empresas y bancos y reducción de las competencias autonómicas.
Es evidente que la mayoría de votantes del PP y muchos de sus militantentes están sorprendidos, asustados y se consideran víctimas también de esta política. No es a ellos a quienes critico, aunque deberían mantener en la memoria lo que ocurre. Y, sobre todo, evitar que la propaganda haga más ancha la herida. No en vano, el Gobierno se ha apresurado a controlar férreamente los medios de comunicación públicos y privados e intenta el control de los órganos constitucionales, lo que persigue la aceptación de las medidas injustas como necesarias y el sometimiento ideológico de la mayoría de la población.
Y cada vez menos derechos y cada vez más paro y más diferencia entre los que más tienen y los que más necesitan. Nunca se gobernó tan mal en tan poco tiempo, ni se produjo tanto daño a tanta gente de manera tan injusta. Nunca estuvo tan en peligro el sistema democrático que nos hemos dado. Nunca fue tan evidente que el objetivo de este Gobierno es romper el acuerdo constitucional que conseguimos entre todos los españoles, queriendo imponer una segunda transición profundamente conservadora y dirigida a satisfacer las capas sociales más privilegiadas.
No es el déficit -hay otras vías para reducirlo-, no es la crisis -se sale impulsando politicas de crecimiento-. Es el Gobierno. Este Gobierno.
miércoles, 30 de mayo de 2012
Unos presupuestos antisociales
Seguramente los Presupuestos del 2012 son los más antisociales desde la época de la llamada Transición Democrática. Amparándose en la crisis, que tan buen rédito dio al PP, el Gobierno ha recortado derechos que habiendo sido conquistados con gran esfuerzo por el pueblo español, guiados por Gobiernos progresistas, formaban parte de su propia identidad y de la mejor imagen de España.
Forma parte de nuestro capital social el derecho universal a la salud, de manera que reducirlo es romper el principio básico de solidaridad; el derecho a una educación pública y de calidad, que se destruye al tiempo que los mejores logros por la igualdad conseguidos en los últimos años. Han desaparecido, en gran medida, las ayudas a la dependencia y, con ello, un nuevo pilar del estado de bienestar que es medida de la sensibilidad de un pueblo.
Y estos presupuestos, además, son anti andaluces. Andalucía tiene derecho por Estatuto a recibir el 17,8 por ciento de inversión pública, al ser este el porcentaje de la población andaluza con referencia al total de la población española. Sin embargo, las cuentas del Estado solo transfieren a Andalucía el 14,6 por ciento de la inversión total; es decir 497 millones de euros de diferencia, que son de los andaluces, que necesitamos más que nunca, y que, a pesar que hemos reivindicado con las enmiendas correspondientes, el PP ha rechazado en los debates parlamentarios.
Es muy difícil entender que quien también representa al pueblo andaluz ( Arenas, el PP de Andalucía) y ha tenido tanto interés en gobernarlo, rechace sus derechos estatutarios. De manera que cada vez se extiende con más fuerza la sensación no solo de engaño de quien nos gobierna, sino del intento de construir una nueva ordenación social a través de un cambio profundamente reaccionario, en el que los derechos se convierten en negocios mediante su privatización.
Forma parte de nuestro capital social el derecho universal a la salud, de manera que reducirlo es romper el principio básico de solidaridad; el derecho a una educación pública y de calidad, que se destruye al tiempo que los mejores logros por la igualdad conseguidos en los últimos años. Han desaparecido, en gran medida, las ayudas a la dependencia y, con ello, un nuevo pilar del estado de bienestar que es medida de la sensibilidad de un pueblo.
Y estos presupuestos, además, son anti andaluces. Andalucía tiene derecho por Estatuto a recibir el 17,8 por ciento de inversión pública, al ser este el porcentaje de la población andaluza con referencia al total de la población española. Sin embargo, las cuentas del Estado solo transfieren a Andalucía el 14,6 por ciento de la inversión total; es decir 497 millones de euros de diferencia, que son de los andaluces, que necesitamos más que nunca, y que, a pesar que hemos reivindicado con las enmiendas correspondientes, el PP ha rechazado en los debates parlamentarios.
Es muy difícil entender que quien también representa al pueblo andaluz ( Arenas, el PP de Andalucía) y ha tenido tanto interés en gobernarlo, rechace sus derechos estatutarios. De manera que cada vez se extiende con más fuerza la sensación no solo de engaño de quien nos gobierna, sino del intento de construir una nueva ordenación social a través de un cambio profundamente reaccionario, en el que los derechos se convierten en negocios mediante su privatización.
jueves, 15 de marzo de 2012
El PP no cree en las Autonomías ni en los servicios que prestan
Las Autonomías son las responsables de garantizar los Servicios Publicos más importantes: la educación, la sanidad, la dependencia y los servicios sociales. El sesenta por ciento del gasto social lo realizan las Comunidades Autónomas, y se les pide un esfuerzo para reducir el déficit que no es razonable.
Estando de acuerdo en la estabilidad presupuestaria, Andalucia, a la que todavia el Gobierno le debe más de 1300 millones de euros por obligaciones derivadas de la inversón no realizada en los años 2009 y 2010, no está de acuerdo con el reparto ni con el esfuerzo a corto plazo que se reclama.
Para los andaluces estos servicios públicos son derechos que promovieron las politicas socialdemócratas de los gobiernos socialistas, y su preocupación es que estos derechos estén amenazados por el actual Gobierno cuya obligación es garantizarlos. No se entiende de otra manera las afirmaciones que el Sr. De Guindos realizó en una entrevista en el Finantial Times el 5 de enero de 2012: "Las dificultades de liquidez son una auténtica oportunidad para imponer duras condiciones y medidas para reducir el deficit de las CCAA".
Este ataque a las CCAA por parte de un miembro del Gobierno busca vaciar de contenido el Estado Autonómico y degradar los servicios públicos que prestan las Autonomías, convirtiendo los derechos a la salud, educación y dependencia en una simple mercancía.
El Presidente del Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto al Presidente del Gobierno un gran debate nacional que tenga como objetivo garantizar estos derechos sociales. Es decir diálogo y debate y consenso que no ha tenido respuesta del Gobierno.
Nuestro compromiso más firme está en defender el derecho a la salud, a la educación, el derecho a la dependencia: lo consideramos esencial dentro de la concepción ética que tenemos de la representación popular.
Nuestro
Estando de acuerdo en la estabilidad presupuestaria, Andalucia, a la que todavia el Gobierno le debe más de 1300 millones de euros por obligaciones derivadas de la inversón no realizada en los años 2009 y 2010, no está de acuerdo con el reparto ni con el esfuerzo a corto plazo que se reclama.
Para los andaluces estos servicios públicos son derechos que promovieron las politicas socialdemócratas de los gobiernos socialistas, y su preocupación es que estos derechos estén amenazados por el actual Gobierno cuya obligación es garantizarlos. No se entiende de otra manera las afirmaciones que el Sr. De Guindos realizó en una entrevista en el Finantial Times el 5 de enero de 2012: "Las dificultades de liquidez son una auténtica oportunidad para imponer duras condiciones y medidas para reducir el deficit de las CCAA".
Este ataque a las CCAA por parte de un miembro del Gobierno busca vaciar de contenido el Estado Autonómico y degradar los servicios públicos que prestan las Autonomías, convirtiendo los derechos a la salud, educación y dependencia en una simple mercancía.
El Presidente del Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto al Presidente del Gobierno un gran debate nacional que tenga como objetivo garantizar estos derechos sociales. Es decir diálogo y debate y consenso que no ha tenido respuesta del Gobierno.
Nuestro compromiso más firme está en defender el derecho a la salud, a la educación, el derecho a la dependencia: lo consideramos esencial dentro de la concepción ética que tenemos de la representación popular.
Nuestro
miércoles, 8 de febrero de 2012
Un partido unido y fuerte
Este pasado fin de semana, los socialistas y las socialistas hemos dado un ejemplo de democracia al debatir y votar, en nuestro 38 Congreso, las líneas maestras de lo que será nuestra actuación política en los próximos cuatro años. También hemos elegido a las personas que dirigirán al PSOE y que le conducirán, seguro, a volver a conectar con los ciudadanos y ciudadanos.
Alfredo Pérez Rubalcaba representa uno de los máximos ejemplos de servicio a su partido y a su país. Una vez elegido en un proceso en el que participaron los casi 1000 delegados presentes en Sevilla para encabezar la dirección del partido, todos estamos al lado de Alfredo en la tarea de reforzar las ideas y los valores que siempre ha representado nuestro partido. Entre esos valores, quiero destacar algunos que citó el nuevo secretario general del PSOE: unidad, ilusión y fortaleza. Tenemos que ser un partido unido para ofrecer a los españoles y las españolas una alternativa a las duras políticas neoliberales; tenemos que ser un partido que genere ilusión, que traslade esperanza a los que más están sufriendo esta crisis y las recetas que nos quieren imponer para combatirla; por último, tenemos que ser un partido fuerte porque desde la fortaleza es desde donde vamos a construir una alternativa creíble que vuelva a convencer a la mayoría de los españoles y españolas, comenzando por los andaluces y andaluzas el próximo 25 de marzo.
Alfredo Pérez Rubalcaba representa uno de los máximos ejemplos de servicio a su partido y a su país. Una vez elegido en un proceso en el que participaron los casi 1000 delegados presentes en Sevilla para encabezar la dirección del partido, todos estamos al lado de Alfredo en la tarea de reforzar las ideas y los valores que siempre ha representado nuestro partido. Entre esos valores, quiero destacar algunos que citó el nuevo secretario general del PSOE: unidad, ilusión y fortaleza. Tenemos que ser un partido unido para ofrecer a los españoles y las españolas una alternativa a las duras políticas neoliberales; tenemos que ser un partido que genere ilusión, que traslade esperanza a los que más están sufriendo esta crisis y las recetas que nos quieren imponer para combatirla; por último, tenemos que ser un partido fuerte porque desde la fortaleza es desde donde vamos a construir una alternativa creíble que vuelva a convencer a la mayoría de los españoles y españolas, comenzando por los andaluces y andaluzas el próximo 25 de marzo.
martes, 17 de enero de 2012
Javier Arenas, el insumiso
El líder del Partido Popular en Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Javier Arenas, ha decidido que eso de cumplir la ley no va con él. El Parlamento de Andalucía aprobó hace ya bastantes meses la ley que impide a los parlamentarios andaluces ejercer como alcaldes. La explicación es clara y lógica: Andalucía necesita de representantes que se centren completamente en su tarea, que no es otra que mejorar la vida de los andaluces y de las andaluzas.
Pues bien, Javier Arenas, el mismo que pretende gobernar esta comunidad autónoma, ha decidido que como la ley no le gusta, se la salta, poniendo en entredicho el compromiso de cualquier fuerza política democrática con la legalidad. La causa de esta insumisión a una ley aprobada por la mayoría del Parlamento de Andalucía es clara: el Partido Popular no tiene quien le represente, no tiene banquillo, y tiene que tirar de alcaldes y alcaldesas. El problema, que afecta directamente al ciudadano, es que si centrándose solo en sus alcaldías no son capaces de gestionar el municipio en estos momentos de crisis, ¿cómo van a hacerlo teniendo que ir cada dos semanas al parlamento? ¿O es que no piensan aparecer por los plenos de la cámara andaluza, al estilo del alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, o del de Córdoba, José Antonio Nieto, o, incluso, del alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya?
Pero hay que recalcar que lo que es tremendamente grave es saltarse la ley y eso es lo que hace Javier Arenas y, además, haciendo gala de ello. Si el candidato del PP en Andalucía no respeta la ley está abriendo la puerta a que cualquier ciudadano se la salte cuando lo crea conveniente. Por ejemplo, no pagando el aumento de IRPF que ha impuesto su partido desde el Gobierno central. ¿O es que Arenas cree que está por encima del ciudadano de a pie y puede saltarse la ley cuando le venga en gana mientras los demás tienen la obligación de cumplirla? ¿Qué sería de la democracia si sólo cumpliéramos las leyes que nos gustan?
Quizá la clave esté ahí, en esa manera antigua, pícara, irresponsable de comportarse dentro de la sociedad, en la que el más listo es aquel que hace trampas para no pagar o para no cumplir con sus obligaciones como ciudadano. Esa es la Andalucía que quiere Javier Arenas.
Pues bien, Javier Arenas, el mismo que pretende gobernar esta comunidad autónoma, ha decidido que como la ley no le gusta, se la salta, poniendo en entredicho el compromiso de cualquier fuerza política democrática con la legalidad. La causa de esta insumisión a una ley aprobada por la mayoría del Parlamento de Andalucía es clara: el Partido Popular no tiene quien le represente, no tiene banquillo, y tiene que tirar de alcaldes y alcaldesas. El problema, que afecta directamente al ciudadano, es que si centrándose solo en sus alcaldías no son capaces de gestionar el municipio en estos momentos de crisis, ¿cómo van a hacerlo teniendo que ir cada dos semanas al parlamento? ¿O es que no piensan aparecer por los plenos de la cámara andaluza, al estilo del alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, o del de Córdoba, José Antonio Nieto, o, incluso, del alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya?
Pero hay que recalcar que lo que es tremendamente grave es saltarse la ley y eso es lo que hace Javier Arenas y, además, haciendo gala de ello. Si el candidato del PP en Andalucía no respeta la ley está abriendo la puerta a que cualquier ciudadano se la salte cuando lo crea conveniente. Por ejemplo, no pagando el aumento de IRPF que ha impuesto su partido desde el Gobierno central. ¿O es que Arenas cree que está por encima del ciudadano de a pie y puede saltarse la ley cuando le venga en gana mientras los demás tienen la obligación de cumplirla? ¿Qué sería de la democracia si sólo cumpliéramos las leyes que nos gustan?
Quizá la clave esté ahí, en esa manera antigua, pícara, irresponsable de comportarse dentro de la sociedad, en la que el más listo es aquel que hace trampas para no pagar o para no cumplir con sus obligaciones como ciudadano. Esa es la Andalucía que quiere Javier Arenas.
miércoles, 23 de noviembre de 2011
Gracias
Muchas gracias a las 106.727 personas que han depositado su confianza en el PSOE en la provincia de Huelva en las elecciones al Congreso de los Diputados del pasado domingo. Mi agradecimiento sincero a los miles de militantes y simpatizantes que han colaborado en esta campaña. Muchas gracias por vuestro trabajo. Seguiremos trabajando por Huelva y para que las mujeres y los hombres de esta tierra tengan cada día una vida mejor. Y no dudéis de que seremos muy exigentes para que el PP no abandone de nuevo a Huelva como hizo durante los 8 años de Gobierno de Aznar.
viernes, 18 de noviembre de 2011
Tu voto vale más de lo que piensas
Hoy es el último día de campaña electoral. Han sido dos semanas de trabajo y de ilusión por explicar a los onubenses nuestro programa electoral. Un programa que tiene su base en los derechos de los ciudadanos, esos derechos que el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, no ha dudado en poner en cuarentena si consigue ganar las elecciones.
Es muy grave que el cuarto pilar del Estado de Bienestar, la Ley de Dependencia, esté en peligro; es muy grave que 600.000 personas (y sus familias) puedan perder si gana el PP un derecho histórico que impulsó un presidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. Pero no es sólo eso, ya lo ha avisado Rajoy: si gana va a recortar en todo. Va a recortar el seguro de desempleo ("Serán menos los que cobren el paro", ha dicho), recortará en educación, en sanidad y, aunque lo niegue, recortará en pensiones. Esas son sus recetas. Las nuestras, sin embargo, pasan por pedir un esfuerzo a quien más tiene, con un impuesto para las grandes fortunas; por instaurar un impuesto a los bancos para potenciar la creación de puestos de trabajo; por optimizar la administración pública, por apoyar la creación de empleo abaratando la contratación y no el despido como proponen otros.
En definitiva, por mucho que les pese a algunos, no es lo mismo votar a Rajoy que votar a Rubalcaba. No es lo mismo votar "depende" que votar "haré". No es lo mismo votar especulación que votar economía sostenible y productiva. No es lo mismo votar recortes que votar derechos.
En tu mano está el modelo de sociedad que quieres para España. Tu voto vale mucho más de lo que piensas.
Es muy grave que el cuarto pilar del Estado de Bienestar, la Ley de Dependencia, esté en peligro; es muy grave que 600.000 personas (y sus familias) puedan perder si gana el PP un derecho histórico que impulsó un presidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. Pero no es sólo eso, ya lo ha avisado Rajoy: si gana va a recortar en todo. Va a recortar el seguro de desempleo ("Serán menos los que cobren el paro", ha dicho), recortará en educación, en sanidad y, aunque lo niegue, recortará en pensiones. Esas son sus recetas. Las nuestras, sin embargo, pasan por pedir un esfuerzo a quien más tiene, con un impuesto para las grandes fortunas; por instaurar un impuesto a los bancos para potenciar la creación de puestos de trabajo; por optimizar la administración pública, por apoyar la creación de empleo abaratando la contratación y no el despido como proponen otros.
En definitiva, por mucho que les pese a algunos, no es lo mismo votar a Rajoy que votar a Rubalcaba. No es lo mismo votar "depende" que votar "haré". No es lo mismo votar especulación que votar economía sostenible y productiva. No es lo mismo votar recortes que votar derechos.
En tu mano está el modelo de sociedad que quieres para España. Tu voto vale mucho más de lo que piensas.
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