La educación: un derecho, no un gasto.

Son tiempos complicados para las arcas públicas. El descenso en los ingresos del Estado a causa de la crisis internacional que amenaza todas las economías occidentales ha retraído el consumo y la actividad económica, por lo que los gobiernos han tenido que tomar medidas para paliar esta situación. Pero es precisamente en esas medidas en las que se encuentra la diferencia entre un gobierno progresista y un gobierno de derechas.

No ha tardado mucho el PP en enseñar sus intenciones en cuanto ha alcanzado el poder en algunas comunidades autónomas. María Dolores de Cospedal ha recortado de un plumazo más del 20% del gasto de Castilla La Mancha, afectando en primer lugar a la sanidad, a la educación y a la dependencia. Los onubenses no queremos eso, pero el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ya ha dejado entrever que los recortes en servicios sociales por parte de su compañera de partido le parecen los adecuados.

¿Qué significaría en Andalucía una política de recortes en educación similar a la llevada a cabo en Castilla La Mancha? 4.500 profesores enviados al paro y 80.000 niños con un profesor menos. Hay gastos que no lo son, que los gobiernos socialistas han convertido en todos estos años en derechos. Los onubenses no queremos que se recorte en la educación de nuestros hijos, no queremos que empeore su formación (y por tanto su oportunidad de afrontar con garantías su futura incorporación al mercado laboral), no queremos que se les segregue en colegios de primera y de segunda categoría (como está haciendo Esperanza Aguirre, del PP, en Madrid).

De eso se trata el próximo 20 de noviembre. De eso se trata y los onubenses lo sabemos. De eso se trata y por eso no nos fiamos del PP.